Pagaron para recibir el perdón de una empresa, pese a que ésta incumplió contrato

Detectan fraude por 127 millones de dólares en Pemex Refinación

Prepara Secodam denuncia penal en contra de ex funcionarios y los dueños de Proesa

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) prepara una denuncia penal en contra de los empresarios Alfredo y Javier Miguel Afif, propietarios de la compañía Servicios Aéreos del Centro, SA (SACSA), y accionistas del Banco Interacciones, así como de ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los delitos de defraudación fiscal y peculado, respectivamente, por un monto de 127 millones de dólares.

La paraestatal les pagó esa cifra a los Miguel Afif en octubre de 2000 para terminar con un litigio que éstos le iniciaron en la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, argumentando que Pemex les rescindió, supuestamente en forma ilegal, el contrato para la construcción de una planta de aditivos químicos para gasolina en Coatzacoalcos, Veracruz, de la cual su empresa, Productos Ecológicos, SA (Proesa), nunca empezó los trabajos, pese a dos modificaciones de contrato.

El juicio, por 425 millones de dólares, dio inicio en enero de 2000, cuando Rogelio Montemayor fungía como director general de Pemex.

En el arreglo, según documentos a los que La Jornada tuvo acceso, participó, entre otros funcionarios federales, el ex titular de Secodam, Arsenio Farell Cubillas. Se acordó -pese a que Pemex era la afectada por el incumplimiento de contrato- que la paraestatal debía pagar 127 millones de dólares a Proesa, con la garantía de que los hermanos Miguel Afif se desistirían de su demanda.

En este nuevo caso de corrupción, de acuerdo con las investigaciones administrativas, estarían involucrados Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi Septién y Alberto Gheno Ortiz, ex funcionarios de la paraestatal -también relacionados en el llamado Pemexgate-, además del ex director de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade; el ex director de la Unidad Jurídica, Luis Ricardo Bouchot Guerrero, e incluso el actual director de Pemex Refinación, Armando Leal Santana.

Según el contenido de la auditoría 18/576/SA/OA-146/00, iniciada el 18 de septiembre de 2000, los ex directivos de Pemex participaron en la autorización irregular del pago de 127 millones de dólares a Proesa, propiedad de Alfredo Miguel Afif.

Los empresarios son mencionados como probables responsables de defraudación fiscal, por no haber pagado a la Secretaría de Hacienda los impuestos correspondientes a esos 127 millones de dólares.

Dos capítulos

El 17 de agosto de 1992 Pemex Refinación y los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif firmaron un convenio de entendimiento para llevar a cabo la construcción de una planta en Coatzacoalcos que suministrara a la paraestatal metil-terbutil-éter (MTBE), un químico que mejora la calidad de las gasolinas. Por parte de Proesa participarían en las obras Producciones Industriales Banamex, Vallero Energy Corporation -con sede en Texa-, Grupo Infomin y Dragados y Construcciones, SA.

Meses después, el 13 de abril de 1993, Pemex Refinación firmó el contrato de compraventa con Proesa, en el que se estableció el compromiso del organismo subsidiario de comprar 31 mil 250 toneladas métricas mensuales de MTBE de la planta que se construiría.

El acuerdo tenía vigencia de 15 años, a partir de diciembre de 1995, cuando se suponía que la planta estaría terminada. Los documentos, a los cuales tuvo acceso este diario, fueron firmados por Fernando Manzanilla Sevilla, en su calidad de director general de Pemex Refinación -que después fue sustituido por Willars Andrade-, y por René Garza Villarreal, director general de Proesa.

Sin embargo, el 22 de julio de 1994 se firmó un convenio que modificó el original, debido a que todavía Proesa no empezaba -y nunca lo hiz- la construcción de la planta.

Así, se modificaron las cláusulas financieras establecidas en el apartado 7.3; las estipuladas en el punto 21, referente a las controversias entre los contratantes, y la cláusula 8, que especificaba que las entregas iniciales de MTBE comenzarían, a más tardar, 30 meses después de la firma del convenio modificado; esto es, el 22 de enero de 1997, y se pactó que las entregas regulares se realizarían a partir del 22 de mayo de ese año.

El 22 de noviembre de 1994 Proesa entregó la póliza de fianza que garantizaba el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Pemex, de acuerdo con lo suscrito en la cláusula 7.3 del primer convenio modificado.

No obstante, debido a que Proesa no comenzaba las obras, el 16 de diciembre de 1996 Emilio Aguado Calvet, subdirector comercial de Pemex Refinación, mediante el oficio PXR-SC-934/96, solicitó a la titular de la Unidad Jurídica que reclamara la fianza 800943038367 (que tenía vigencia hasta el 22 de enero de 1997), pues estaban por cumplirse los 30 meses establecidos en el contrato.

El 18 de diciembre Pemex Refinación notificó a la afianzadora el aviso precautorio de reclamación para hacer efectiva la fianza. Llegó el 10 de enero de 1997 y Aguado Calvet notificó -en el oficio PXR-SC-11/97- al director general de Pemex Refinación y a la Unidad Jurídica, su intención de dar por terminado el contrato y exigir el pago de la fianza.

Veintiún días después, el consejo de administración de Pemex Refinación autorizó al organismo otorgar una nueva prórroga de seis meses, contados a partir del 15 de enero de ese año, para que se notificara a Proesa de la rescisión del contrato, con la condición de que la afianzadora expresara su consentimiento.

El 15 de julio de 1997 representantes de Proesa y funcionarios de Pemex Refinación celebraron otro "convenio", mediante el cual supuestamente Industrias Químicas Ecológicas (Iquesa) -también propiedad de Miguel Afif- y Proesa se obligaban a presentar un plan de financiamiento, restructuración y viabilidad del proyecto en un plazo de 180 días.El trato fue firmado por el ex director de la Unidad Jurídica, Luis Ricardo Bouchot Guerrero, en representación de Pemex Refinación, y Alfredo Miguel Afif, por parte de las empresas.

Diez días más tarde, por medio del oficio SCR/124/97, el consejo de administración de Pemex Refinación informó a la dirección general del corporativo que se había autorizado un plazo adicional de 120 días a Proesa para que comenzara el proyecto de MTBE. El periodo de inicio de obras se vencía, entonces, el 30 de octubre de 1997.

Sin embargo, el 29 de julio de ese año Fernando Manzanilla Sevilla, director de Pemex Refinación, informó a Proesa, mediante el oficio DGPR-139/97, que le habían sido autorizados 120 días más, a partir del 25 de julio, por lo que a más tardar el 24 de noviembre debía presentar los convenios de financiamiento, los acuerdos de ingeniería y construcción, y el nuevo programa revisado del proyecto MTBE.

El 19 de noviembre Proesa envió los convenios solicitados por Pemex Refinación, y le informó que para "estar en posibilidad de empezar la construcción de la planta se debe proceder a modificar el contrato de MTBE celebrado el 13 de abril de 1993 y su primer convenio ajustado el 22 de julio de 1994". Además, dijo, el plazo necesario para el arranque de la construcción sería de 180 días posteriores a la firma de dicha modificación. El informe cambió una vez más los plazos de entrega y vigencia del contrato.

El 12 de enero de 1998 Luis Ricardo Bouchot Guerrero envió el oficio UJ-PR-C-007998 a Proesa, en el que le comunicó: "Nos encontramos en posibilidad de reflejar en un convenio las modificaciones planteadas en el contrato de compraventa y su convenio modificatorio", y aceptó el nuevo plazo de 180 días para empezar el proyecto.

Seis meses más tarde, el 12 de junio de 1998, se firmó un segundo convenio que modificó el contrato original, y se pactó que la obra sería entregada el 11 de junio de 2001.

Ese acuerdo lo firmaron Jaime Mario Willars Andrade -quien para entonces ya había sustituido a Fernando Manzanilla-; el subdirector de Planeación, Guillermo Ruiz Gutiérrez, y por parte de Proesa el presidente de su consejo de administración, Alfredo Miguel Afif. Como testigo participó Armando Leal Santana, entonces subdirector de Producción de Pemex Petroquímica y actual director de esta subsidiaria, y como revisor jurídico del convenio Luis Ricardo Bouchot, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Refinación.

A partir del 10 de septiembre de 1998 y hasta el 30 de agosto de 1999 Proesa y Pemex se enfrascaron en un debate sobre los alcances de la póliza de garantía, que cubriría los daños a la paraestatal en caso de un incumplimiento en el contrato original.

Afianzadora Insurgentes había emitido la póliza número 2391-4149-052788 por la suma de 141 millones 3 mil 200 pesos. Esta, de acuerdo con el oficio número UJ-PR-C-2108/99, firmado por el apoderado de Pemex Refinación adscrito a la Unidad Jurídica, Cuauhtémoc Arce Herce, "no cumple con lo requerido por Pemex Refinación, al no obligarse a pagar el 100 por ciento del importe de la misma, cuando su fiada (Proesa) no cumpla" los términos de lo convenido para la construcción de la planta de MTBE.

Hasta el 30 de agosto de 1999, en el oficio UJ-PR-C-2944/99, Cuauhtémoc Arce Herce comunicó a Proesa que "en virtud de que no se ha solucionado el incumplimiento relacionado con la garantía, en los términos estipulados en la cláusula 7.3 del contrato, éste se da por terminado, al igual que sus convenios modificatorios".

Medio año después, el 21 de enero, por considerar "injustificada y contraria a derecho" la decisión de Pemex Refinación, Proesa presentó una demanda en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en la que demandó de Pemex "el pago de daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contrato de compraventa".

El 7 de abril de 2000, Pemex Refinación contrató los servicios del despacho González Calvillo y Forastieri para su defensa. Los abogados consideraron, según un escrito enviado a la Unidad Jurídica el 10 de agosto de ese año, que no todos los pagos a Proesa podían validarse como daños, y señalaron que Pemex tenía verdaderas posibilidades de éxito en el pleito.

Según Proesa, en una comunicación del 20 de julio a la Contraloría Interna de Pemex Refinación, los daños que le causó la paraestatal fueron por 469 millones 169 mil dólares. En un análisis entregado a la dirección general de Pemex Refinación, Proesa valuó en 52 millones 54 mil dólares "los gastos efectuados en la consecución del proyecto", y en 417 millones 115 mil dólares los perjuicios.

El 4 de agosto se celebró la primera reunión conciliatoria entre Pemex y Proesa ante la Corte Internacional de Arbitraje, sin llegar a acuerdos.

Un mes después, en presencia de los secretarios de Contraloría, Arsenio Farell, y de Energía, Luis Téllez Kuenzler, se realizaron tres sesiones conciliatorias.

Y el 21 de septiembre se acordó que "sin reconocer que se le hubiese causado ningún daño o perjuicio a Proesa, y en vía de transacción formula la siguiente propuesta: el pago de 127 millones de dólares, más el impuesto al valor agregado", y con ello también se convino que Proesa entregaría los planos y proyectos de ingeniería, así como todos los bienes inmuebles que adquirió para el desarrollo del proyecto MTBE.

Por medio del oficio SPP-221/2000, del 6 de octubre de 2000, el ex subdirector de Programación y Presupuestación de Pemex Corporativo solicitó que se pidiera a la SHCP autorizar a Pemex Refinación un movimiento "compensado dentro de la cuarta adecuación de su presupuesto para cubrir el pago de mil 219.2 millones de pesos", equivalentes a 127 millones de dólares reclamados por Proesa para terminar con el litigio.

Siete días después, mediante el oficio UJR/PR/L/474/2000, la Unidad Jurídica de Pemex Refinación informó a la Contraloría Interna que había solicitado el cheque certificado que amparaba los 127 millones de dólares, y con cuya entrega se daría por concluido el juicio arbitral 10854/KGA interpuesto por Proesa en París.

La Contraloría Interna detectó irregularidades en la transacción y por ello advirtió a Pemex Refinación que "el contenido, los términos y las condiciones del convenio de finiquito quedan bajo la estricta responsabilidad" de las partes.

El 23 de octubre, la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades de Pemex recibió copia del expediente integrado por su Departamento de Conciliaciones, con la documentación relativa al proceso conciliatorio entre Pemex Refinación y Proesa. Había iniciado ya la auditoría 18/576/SA/OA-146/00.

Concluida la auditoría, la Secodam detectó que el pago fue ilegal y que se hizo con montos del renglón de servicios generales.

De acuerdo con documentos consultados por La Jornada, el proyecto de acusación penal de la Contraloría se fundamenta en que los funcionarios y ex funcionarios de Pemex incurrieron en el delito de peculado, al conceder el pago de 127 millones de dólares mediante modificaciones presupuestales que afectaron el patrimonio de la paraestatal.

Principalmente se señala que Carlos Juaristi Septién, ex director corporativo de Administración, y Juan José Domene Berlanga, ex subdirector corporativo de Finanzas, fueron quienes firmaron los documentos del convenio mediante el cual se realizó el pago a Proesa.

En tanto, en el seguimiento a los recursos se detectó que los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif no habían reportado el pago de impuestos a Hacienda, y que el capital lo invirtieron en casas de cambio.

Según la información obtenida, los empresarios afirmaron que habían pagado a la SHCP 40 millones de dólares por la retención de impuestos, pero que -presuntamente- los recibos con los cuales acreditaron esa transferencia eran apócrifos.

Funcionarios de la paraestatal involucrados

Juan José Domene Berlanga: ex subcoordinador operativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos, con orden de aprehensión desde el 6 de mayo pasado por los delitos de abuso de autoridad y peculado, que se le imputan por el desvío de mil 480 millones de dólares al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Carlos Juaristi Septién: ex director corporativo de Administración de Pemex.

Julio Pindter, ex subcoordinador operativo de Relaciones Laborales de la paraestatal.

Manuel Gomezperalta Damirón: ex director corporativo de Administración, detenido desde el 24 de mayo pasado.

José Alberto Gheno Ortiz: ex director de Control Presupuestal de Pemex.

Jaime Mario Willars Andrade: ex director de Pemex Refinación, involucrado en el posible fraude a la paraestatl por 4 mil 500 millones de dólares, que dejará en la inactividad a las refinerías de Cadereyta, Nuevo León, y Ciudad Madero, Tamaulipas.

Luis Ricardo Bouchot Guerrero: ex coordinador de la Unidad Jurídica de Pemex Refinación. En 1999 avaló un "dictamen técnico" que le permitió a Pemex Refinación otorgarle a Sunkyong Engineering, Triturados Basálticos (Tribasa) y Siemens la reconfiguración y modernización de la refinería de Madero.

Armando Leal Santana: actual director de Pemex Refinación.