La fiscalización no socava la autonomía: ANUIES
Prevé el Congreso mayor control al gasto de universidades públicas
CAROLINA GOMEZ MENA
"Sin trastocar la autonomía de gestión" de las universidades públicas, la Cámara de Diputados tiene previsto establecer "mecanismos más transparentes" en el decreto de presupuesto 2003 para clarificar la "comprobación de gastos" de estas instituciones, adelantó Fernando Martínez Cue, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de dicha cámara.
Al participar en la mesa redonda Significado de la Rendición de Cuentas y Transparencia en las Instituciones Públicas de Educación Superior, el legislador panista asentó que la rendición de cuentas también permitirá, al conocerse a fondo la utilización de los recursos, justificar la aprobación de mayores montos económicos para el sector. Es evidente que las universidades públicas requieren de apoyo adicional, que "no está llegando", dijo, y agregó que uno de los rubros más afectados por la falta de financiamiento es la inversión en infraestructura.
"Tan sólo en el presupuesto 2001, de los 249 mil millones que se destinaron a la educación (a escala nacional), 94 por ciento se tuvo que ir al pago de sueldos, salarios y jubilaciones, 4 por ciento al gasto de capital y 1.1 a obras", afirmó.
Comentó que hasta ahora la fiscalización que la cámara baja realiza a las universidades ha sido "muy limitada". Y a la inversa, agregó, en la rendición de cuentas de las universidades al Legislativo la situación no difiere demasiado porque también "estamos en pañales".
Con la aplicación de la nueva ley de trasparencia, comentó Martínez Cue, el Poder Legislativo "ampliará la observancia hacia las universidades con el afán de transparentar el uso de los recursos públicos", lo cual contribuirá a acabar con algunos "cotos de poder" que se han apoderado de estos espacios.
Aseguró que la intención de poner más controles al ejercicio del gasto de las universidades públicas es una propuesta de consenso en San Lázaro. Y es que a decir del legislador, en el decreto de presupuesto "todavía el sector educativo está muy amplio, muy abierto".
Por su parte, Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario general de la ANUIES, quien también participó en la mesa, que dio por clausurada la novena asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Organos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), señaló que la rendición de cuentas es un instrumento esencial para "evitar y prevenir el abuso de poder", y consideró que una mayor fiscalización no socava la autonomía universitaria.
"No nos podemos amurallar en el concepto de autonomía para impedir la fiscalización y la obligación de rendir cuentas, lo que debemos (hacer) es construir acuerdos con la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara (de Diputados) para establecer un proceso de auditoría".
Acto seguido, propuso "descentralizar" dichos procesos, fijar mejores reglas para que la revisión se realice "bajo fórmulas de mayor armonía, cooperación mutua y confianza", y que al mismo tiempo las universidades "profesionalicen sus órganos de control interno". En ese sentido, señaló, "tener las puertas abiertas a la fiscalización nos permitirá pedir mayores recursos".
Enrique Meléndez Pérez, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, también se pronunció porque se "perfeccionen y fortalezcan" los mecanismos de vigilancia y control de las universidades, y reconoció que la educación superior enfrenta un "enorme desafío".
Y es que "mientras la población en edad preescolar disminuirá, el número de niños y jóvenes en edades de escolaridad obligatoria (6 a 14 años) alcanzó ya su máximo histórico de 20 millones en 1999, y vemos que las personas en edad laboral (15 a 64 años), donde están los potenciales demandantes de la educación superior, aumentará hasta alcanzar los 80.8 millones en 2031".
Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que ante la gran cantidad de información que demandará la aplicación de la ley de transparencia, es probable que muchas universidades no puedan cumplir con ella "de golpe", e instó a las instituciones de educación superior a definir el reglamento correspondiente para "fijar con más claridad las áreas intocables", es decir, los límites a la entrega de la información.
