Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 7 de julio de 2002
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Mundo
Estudian familiares de desaparecidos recurrir a corte de derechos humanos de la OEA

Protestas en Chile contra fallo de la justicia que liberó a Pinochet del juicio por fusilamientos

El dictamen, una negociación para salvar al dictador a cambio de su dimisión, acusa el PC

Afirma líder del Senado que el ex militar le dijo que "no está loco", aunque lo diga la Corte

REUTERS, AFP Y DPA

Santiago, 6 de julio. Más de mil personas marcharon este sábado por las principales ca-lles del centro de Santiago hasta los tribunales de justicia para protestar por el sobreseimiento definitivo del proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, en el juicio que se le seguía por el caso de la caravana de la muerte.

La "marcha contra la impunidad", como se le llamó, que terminó en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, luego de que algunos convocados lanzaron bolsas de pintura contra la sede del Poder Judicial, estuvo encabezada por la agrupación de Fa-miliares de Desaparecidos Detenidos, cuya presidenta, Viviana Díaz, adelantó que se está estudiando recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el papel de la Justicia chilena.

El lunes pasado la Corte Suprema de Justicia liberó a Pinochet de los cargos por el caso de la caravana de la muerte, una comitiva militar que en un recorrido por el país realizó secuestros y ejecuciones de opositores al gobierno castrense, en octubre de 1973, un mes después del golpe de Estado que lo instaló en el poder.

La decisión de la corte se basó en el argumentar de que el ex presidente de facto pa-dece demencia progresiva e irreversible, fa-llo que lo facultó a retornar como senador vitalicio, aunque tres días después renunció a ese cargo para "lograr la unidad del país" y aduciendo problemas de salud.

Díaz destacó, ante la decisión del máximo tribunal de justicia, la imposibilidad de que la sociedad chilena alcance la reconciliación mientras no se aclaren las 3 mil muertes y desapariciones forzadas que dejó la dictadura de Pinochet, que gobernó Chile desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.

La secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, quien también participó en la marcha, dijo que el dictamen de la Corte Suprema no fue más que "una negociación" para salvarlo a cambio de su dimisión a la Cámara alta, y aseguró que la actividad de hoy no es más que la primera fase de nuevas movilizaciones.

De su lado, el presidente del Senado, el democristiano Andrés Zaldívar, quien gestionó la salida de esa Cámara de Pinochet, reveló al periódico El Mercurio que el miércoles conversó por teléfono con el ex dictador, quien le aseguró que no está loco, con lo cual contradijo el dictamen de la Corte Suprema de Justicia.

"Estoy con un problema de salud difícil y, por mi edad, por mi vejez, no estoy en la plenitud de mis facultades", le dijo Pinochet al líder camaral.

Zaldívar explicó que un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para conseguir su interdicción ?como pretendían parlamentarios del oficial Partido Socialista? habría llevado a su entorno a dar una pelea, por lo que se consideró que la salida negociada era la más conveniente.

Uno de los abogados de la querella en la causa por el homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del ejército de Chile, cometido en 974 en Buenos Aires, anticipó que en ese caso ?en que deberá pronunciarse la justicia local por un pedido de interrogatorio argentino?, pedirá nuevos chequeos mé-dicos, pues no cree en la locura de Pinochet.

Los senadores socialistas intentarán arruinar la renuncia voluntaria de Pinochet, quien la hará efectiva el próximo martes mediante una carta, publicó este sábado el diario La Tercera.

Los dirigentes socialistas, de acuerdo con el rotativo, no quedaron contentos con la salida negociada de Pinochet, pues mantendrá su fuero y la dieta parlamentaria, además de que gozará de privilegios como ex presidente del país.

La Tercera añadió que los senadores del Partido Socialista consiguieron que la carta sea leída en la sesión del martes y que posteriormente se abra un debate en que rebatirán la misiva, al tiempo que obligarán a la derecha a tomar parte en el mismo.

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