Pobladores responsabilizan al gobierno de la deforestación

Investigadores señalan aumento del hostigamiento en los Montes Azules

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 6 de julio. En los últimos meses se han presentado diversas denuncias sobre hostigamientos y amenazas de desplazamiento en las comunidades indígenas asentadas en los Montes Azules. El proyecto de desplazamiento de 49 comunidades, enmarcado en un conflicto político-militar, puede representar un punto detonante, con serias consecuencias hacia la población que habita en esas regiones, corriendo el riesgo de agudizar una escalada de represiones que podrían rebasar el ámbito estatal.

Dentro de la región de Montes Azules se encuentra asentado el municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón, donde más operativos militares se han padecido en el último año, a la par del hostigamiento de grupos paramilitares.

El debate abierto sobre el desplazamiento de poblaciones indígenas con el argumento de proteger la reserva de la biosfera Montes Azules representa un trasfondo mucho más profundo que la mera intención de proteger una reserva ecológica.

A la vez, está pendiente una reforma indígena comprendida en los acuerdos de San Andrés, que en la actualidad se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto de desplazamiento vulnera la libre determinación y las garantías individuales, y presenta un posible e irreductible punto de quiebre de la población civil con las autoridades federales y estatales por su colaboración u omisión.

Enviados de CAPISE

El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) envió a un grupo de investigadores para realizar un recorrido por la región de los Montes Azules por espacio de una semana. Los especialistas lograron entrevistarse con los pobladores directamente amenazados con el desplazamiento.

La información recabada representó una amplia gama de factores y actores involucrados en la sistemática violación a los derechos humanos debido a los proyectos de desplazamiento de comunidades indígenas, en simbiosis con la guerra de baja intensidad.

"Las nuevas artimañas del gobierno para desalojar la zona, continuar la guerra de contrainsurgencia y poner en práctica las políticas neoliberales del Plan Puebla-Panamá están listas, y aumenta nuevamente el hostigamiento y las amenazas para desalojar a las comunidades de la reserva y la zona lacandona, así como para limitar los derechos agrarios de las comunidades que están dentro de las zonas de amortiguamiento", consideran los analistas.

CAPISE conversó ampliamente con pobladores de Taniperla, Nuevo Dolores, El Tumbo, San Jerónimo Tulijá, Arroyo Granizo y La Culebra. Todos coincidieron en argumentar que la deforestación del área (el motivo por el que están amenazados de expulsión) no corresponde con los hechos. Acusan al gobierno de haber vendido sus tierras de antemano "con personas y todo dentro", y después pretender desalojarlos.

Aducen que la población no quema el bosque ni tumba árboles; que ellos cuidan el monte y emplean cortafuegos para prevenir incendios. Responzabilizan al gobierno de la deforestación y el saqueo de maderas preciosas. Compañías como Cofolasa son las encargadas de la tala.

Como consecuencia de la expoliación quedaron brechas de acceso utilizadas por dicha compañía. Después vendrían las acusaciones contra los indígenas de ser los que extraen los recursos. Los campesinos culpan también a los militares del tráfico de maderas preciosas: ''Contratan a algunos habitantes de comunidades priístas para hacer la tala de árboles, por unos cuantos pesos, y después llegan camiones a cargar los troncos".

Las comunidades afirman que el programa de microrregiones, llamado también Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Selva, es una de las ramas del Plan Puebla-Panamá. Declaran que algunas poblaciones son habitadas por lacandones (caribes), y que éstos dan entrada a extranjeros y al gobierno, así como a sus planes.

Sostienen que si ellos permiten la entrada de estos proyectos, terminarán siendo esclavos, jornaleros, guías turísticos o trabajadores domésticos, y que ese es el futuro que pronostican a los caribes.

Entre los objetivos del Plan Puebla-Panamá está la instalación de fábricas maquiladoras y plantaciones de palma africana, vainilla, hule y eucalipto. Acusan al gobierno de ofrecer ayuda condicionada, mediante el Procampo o el Progresa.

Denuncian que les invaden con transgénicos y agroquímicos, y dicen que en la actualidad existe 25 por ciento de semillas transgénicas activas, y que la introducción del ganado bovino también es un gran problema. Las poblaciones indígenas sostienen que continuarán cultivando café, fríjol, calabaza, yuca y plátano.

Dada la belleza natural de la zona, también se encuentran amenazados por proyectos ecoturísticos que dañarán los ríos y el medio ambiente. Afirman que los grupos de poder quieren apropiarse del ojo de agua del río Santo Domingo, y que ya hay empresas programadas en el lugar. "Nacimos como municipio autónomo con la finalidad de proteger el territorio. Aquí murieron nuestros padres y aquí moriremos nosotros".

Reiteran que defenderán sus tierras y que no aceptarán que las empresas se adueñen de sus tierras, ni la reubicación en el valle de San Antonio.

El gobierno ofrece ayuda, como el Progresa, el Procampo o para despensas y créditos -refiere el estudio de CAPISE-, pero los apoyos son condicionados y sirven para dividir a la gente. Los autónomos afirman que las personas que apoyan las políticas del gobierno reciben gratificaciones. "Nuestra postura es no pedir juguetes o cubetas de plástico, que es lo que ofrecen a cambio de la traición. Reclamamos la tierra, en primer lugar; lo demás es pura mentira".

Los zapatistas del municipio autónomo declaran: "no queremos la división de las comunidades mediante proyectos migajosos del gobierno. Sólo confiamos en los recursos que podamos producir nosotros mismos. El resto no vale nada.

ƑSaben a cuánto pagan el kilo de café? šA cuatro pesos! Con ello no nos dan ni para un refresco".

Con base en estas observaciones, los analistas de CAPISE concluyen: "Se corre el riesgo de repetir un vicio cíclico, donde se intenta forzar a la población a aceptar determinados proyectos, y en la medida en que crece la inconformidad aumenta el número de posiciones y operativos militares y policiacos; se incrementa la represión, por lo tanto crece aún más la resistencia... y así sucesivamente".