Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 21 de junio de 2002
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Estados

Contraloría: faltan documentos que avalen uso de recursos

Por inconsistencias, 25 municipios del Edomex deben justificar $9 millones

ISRAEL DAVILA Y RENE RAMON CORRESPONSALES

Tras las auditorías que practicó la Secretaría de la Contraloría del estado de México de enero a mayo pasado, 25 municipios mexiquenses están obligados a solventar 9 millones de pesos del Programa de Inversión Estatal y del Convenio de Desarrollo Municipal, ya que se detectaron inconsistencias en la aplicación de estos recursos.

Entrevistado en Toluca, Jesús Treviño de la Garza, secretario de la Contraloría mexiquense, aclaró que la inconsistencia no significa que se hayan desviado los recursos, ni que tengan que resarcir estas cantidades, sino que se trata de observaciones por la falta de documentos que avalen la aplicación de ciertos recursos.

Por este motivo, la dependencia dio plazo de dos meses para que cada uno de los ayuntamientos presenten la documentación comprobatoria y avalen el ejercicio de los recursos, de lo contrario, indicó, se solicitará el resarcimiento de las partidas.

Entre los municipios que más observaciones registraron se encuentra Tultitlán, que tendrá que solventar un millón 352 mil pesos por recursos no aplicados en obras.

En el caso de Valle de Chalco Solidaridad tendrá que solventar más de 96 mil pesos por volúmenes de obra no ejecutadas, y otra de 156 mil pesos, en virtud de que en la fiscalización se detectaron obras no concluidas, agregó.

Al respecto, el presidente municipal de Valle de Chalco, Luis Enrique Martínez Ventura, amenazó a los regidores de su cabildo con difundir videos de su vida privada si hacen pública la documentación interna del ayuntamiento, en el que presuntamente existen irregularidades en agravio al erario público.

En un documento del ayuntamiento de Valle de Chalco, seis de los 13 regidores y los ediles de las fracciones distintas al PRI aseguraron que en esta localidad existen delitos que tendrían que ser investigados por la Contraloría mexiquense.

Los inconformes aseguraron que son "víctimas de la necesidad" del edil de mantenerse informado, a tal grado que hasta en su vida privada se está metiendo y está grabando las acciones particulares. "El espionaje político es otra de las modalidades que ha puesto en marcha el alcalde", dijeron.

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