ES IMPOSIBLE REVISAR TODA LA APLICACION DEL PRESUPUESTO

La Cámara de Diputados y la Contaduría Mayor de Hacienda no pueden revisar en su totalidad la aplicación del Presupuesto de Egresos, y esto explica que no se haya detectado la presunta desviación de recursos en Pemex, a pesar de que la cantidad supere los mil millones de pesos, aseguró el legislador priísta José Luis Ugalde. Dijo que la Auditoría Superior de la Federación realiza pruebas selectivas, "no necesariamente completas", por lo que es probable que no se hayan abarcado algunos asuntos. Consideró que no habría responsabilidad (de la Auditoría) si no se revisaron específicamente los temas y que se debe conocer el detalle de la revisión antes de generar cualquier especulación.

La Procuraduría Agraria (PA) destituyó a la delegada de la institución en Baja California, Ruth Medina Alemán, al comprobarle actos de corrupción. En una auditoría de la contraloría interna se comprobó que la servidora pública presentó facturas apócrifas por 10 mil 940 pesos para acreditar gastos de comisión en noviembre de 2000. En breve comunicado, se informó que la PA ha instrumentado una campaña nacional permanente para prevenir o sancionar, en su caso, las conductas de los servidores públicos que puedan incurrir en violación a la ley o irregularidades en el ejercicio de sus responsabilidades, con entero apego a las disposiciones que rigen en la administración pública federal sobre transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

YA ES DELITO LIBERAR ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

A partir del miércoles pasado es delito liberar al medio ambiente o introducir al país de manera ilegal organismos genéticamente modificados, lo cual puede ocasionar una penalidad de uno a nueve años de cárcel. Esta legislación no puede aplicarse de manera retroactiva, para el caso de los cultivos de maíz contaminados con transgénicos. De acuerdo con las reformas y adiciones que se hicieron a diversas disposiciones de los códigos Penal, Federal y Federal de Procedimientos Penales, se modificaron artículos para incrementar la penalidad en los delitos ambientales. También se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de salario mínimo de multa a quien ilícitamente o sin aplicar medidas de prevención o seguridad desarrolle actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o efectúe cualquier actividad con sustancias consideradas como peligrosas. Asimismo, se estableció la misma a penalidad a la explotación de tortugas marinas, especies bajo protección especial, o a quien dañe manglares, arrecifes, bosques o selvas.