Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 8 de febrero de 2002
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Política
Gallardo siempre se dijo "prisionero de conciencia"

La propuesta de ombudsmanmilitar, origen del conflicto

Malversación, destrucción de bienes y fraude, los cargos

Estuvo encarcelado desde el 19 de noviembre de 1993

A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) insistió siempre en que los delitos que imputaba al general José Francisco Gallardo Rodríguez tenían que ver con malversación de equipo, destrucción de bienes del Ejército ?en su modalidad de quema de archivos?, fraude, daño en propiedades de la nación, abuso de autoridad y "deserción por abandono de plaza", sus defensores lo ubicaron siempre como "prisionero de conciencia" a partir de la propuesta de crear un ombudsman militar.

Encarcelado desde el 9 de noviembre de 1993, primero en la prisión del Campo Militar Número Uno-A, luego en el penal conocido como Neza Bordo y hasta ayer en el de Chalco, el general brigadier declaraba: "No quiero ni voy a pedir perdón por delitos que no cometí".

Para obtener su grado de maestría en administración pública, el general Gallardo Rodríguez presentó la tesis Las necesidades de un ombdusman militar en México, con lo cual se ufanaba de haber sido el primero "en ponerle el cascabel al gato". Esa propuesta la hizo pública en un artículo que publicó en la revista Forum de octubre de 1993, y consideró que de ahí derivaron las acusaciones del Ejército en su contra.

A lo largo de su proceso, el militar acumuló 15 averiguaciones previas, nueve causas penales, siete autos de formal prisión y dos privaciones de libertad, y hasta 1996 se la habían otorgado siete amparos promovidos en materia penal ante juzgados de distrito y cinco más en materia administrativa.

Las diferencias con Riviello

Mucha tinta y papel se ha usado para referirse al caso Gallardo, tanto en México como en el extranjero. El tema también ha consumido horas en medios electrónicos.

En un reportaje publicado en The Washington Post en junio de 1996, el militar declaró que sus problemas se iniciaron cuando comandaba un rancho militar (en Guanajuato) en 1989 y se negó a hacer compras mediante el sobrino del entonces secretario de Defensa (Antonio Riviello Bazán), quien supuestamente se beneficiaría con un porcentaje de esos gastos. El general brigadier fue acusado de robar dineros públicos y encarcelado.

La movilización en defensa del militar, encabezada por él mismo desde prisión y seguida por sus hijos Marco Vinicio y Francisco Gallardo Enríquez, trascendió fronteras. Su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argumentó que el afán de coartar su libertad de expresión y de pensamiento representó el principal objetivo y violación a sus derechos humanos.

Sus propios vástagos se presentaron ante congresistas estadunidenses "para sensibilizarlos", dijeron entonces. Y en enero del año pasado, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano lo visitó en el penal de Nezahualcóyotl. Al salir declaró que el militar tenía "pleno derecho a ser puesto en libertad".

Para abogar en su favor se crearon comités, se dictaron innumerables conferencias de prensa denunciando las irregularidades de su proceso y el acoso a que estaba sujeto en las prisiones. También se escribieron cartas a diferentes instancias y numerosos organismos no gubernamentales adoptaron como propia su causa.

Sin embargo, la Procuraduría de Justicia Militar procesó al general bajo el fuero de guerra y a los cargos originales añadió incluso el de "enriquecimiento ilícito".

De hecho, la oficina castrense informó en más de una ocasión que la prolongación del juicio era imputable sólo a Gallardo, debido a que mientras el juez pretendía cerrar la instrucción de la causa, la defensa de aquél se oponía argumentando que aún tenía pruebas por ofrecer.

Al final, un jurado militar lo sentenció a 28 años y ocho meses de prisión en forma específica por "malversación de vestuario militar, quema de archivos y enriquecimiento ilícito".

Su insistencia en que las acusaciones eran sobre todo políticas, por la actitud crítica frente al instituto armado, afianzó el empeño de Gallardo Rodríguez por demostrar su inocencia de los cargos que la Sedena le había fincado.

En una entrevista telefónica que concedió a Blanche Petrich, dio a conocer una de las "varias oportunidades" que le ofreció el Ejército para retirar la acción penal a cambio de que "solicitara perdón". Un "no" fue la respuesta.

Los vericuetos legales hacían el asunto más complejo y las denuncias ante instancias internacionales de derechos humanos continuaron todo este tiempo. El 11 de noviembre del año pasado, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales con carácter de urgencia para el general Gallardo, con la finalidad de proteger su integridad personal y obtener su libertad.

Pero hasta entonces, la respuesta del gobierno mexicano ?similar a la que ofrecieron las autoridades respectivas en los últimos años del gobierno de Ernesto Zedillo? fue que el militar disponía todavía del recurso del amparo en el ámbito de la justicia civil para lograr su libertad.

Ante ello, el militar argumentaba apenas hace un par de meses que "el procurador Rafael Macedo de la Concha tiene particular interés en que yo no obtenga mi libertad, porque como procurador de Justicia Militar fue uno de los responsables de desvío del poder militar".

La opinión sobre Fox

También consideraba que la postura del gobierno que encabeza Vicente Fox era "intransigente y dura". Señaló entonces que en cartas enviadas al jefe del Ejecutivo y al titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda, exponía que ya había recurrido al amparo indirecto y les decía que "en el caso de los consejos de guerra no acudimos mi familia y yo al Poder Judicial porque se trata de violaciones continuadas a derechos humanos... si nosotros acudimos al Poder Judicial es perfeccionar una violación de derechos humanos dentro del Ejército y una desviación de poder. Por eso, en el caso de los consejos de guerra, no acudimos a la justicia civil."

Hoy el general brigadier (rango que el Ejército ya no le reconoce) José Francisco Gallardo Rodríguez está libre.

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