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Desaparecen poderes en el municipio de San Agustín Loxicha

VICTOR RUIZ ARRAZOLA CORRESPONSAL

Oaxaca., Oax., 1Ɔ de febrero. El Congreso local decretó la desaparición definitiva de poderes en el municipio zapoteco de San Agustín Loxicha -ubicado en la sierra sur oaxaqueña-, a consecuencia del asesinato, el pasado 12 de enero, del alcalde Jaime Valencia Santiago, presuntamente por un grupo de pistoleros identificados con su antecesor, Lucio Vásquez Ramírez.

El presidente de la Legislatura local, Juan Díaz Pimentel, informó que la desaparición de poderes se aprobó "por no existir condiciones de seguridad en la población", por lo que el pleno del Congreso designó a los integrantes del concejo municipal a propuesta del Ejecutivo estatal.

La diputada por el distrito de Pochutla, Carolina Aparicio Sánchez, propuso la creación de una comisión plural de seguimiento a los programas que el concejo municipal "emprenderá en San Agustín Loxicha, tendientes a lograr el pleno desarrollo de los habitantes".

El concejo municipal quedó integrado por Gilberto Romo Jiménez, presidente representante del Poder Ejecutivo estatal, mientras que Jesús Miguel Sánchez Almaraz se desempeñará como consejero síndico procurador.

Además se nombró a Rolando Santiago Bustamante consejero síndico hacendario; de obras, a Adolfo Santiago García; de educación, a Marcelo Velasco Santiago; de Salud, a Eucario Enríquez Luna; de control y vigilancia, a Saturnino Juárez Ramírez, y como contralora a Xóchitl Hernández, esposa del munícipe asesinado.

Ampara la justicia federal a 21 panistas, incluido alcalde de Salina Cruz

Por otra parte, el presidente municipal de Salina Cruz, Víctor Rafael González Manríquez, y 20 militantes más del Partido Acción Nacional (PAN) en ese puerto fueron amparados por la justicia federal, para evitar que la policía ministerial del estado ejecute las órdenes de aprehensión giradas en su contra por un juez penal de la ciudad de Oaxaca, por su presunta participación material e intelectual en la golpiza que recibieron unos 30 priístas el pasado 19 de enero.

Será este sábado cuando se decidirá la situación jurídica del secretario municipal de Salina Cruz, José Luis Monrroy Martínez, así como de Rafael García, Ricardo Barriga, Enrique Reyes y Carlota Aguilar Hernández, recluidos en la penitenciaría de Santa María Ixcotel, acusados de participar en los mismos hechos violentos cuando la policía municipal y personas ajenas a la corporación desalojaron a los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que mantenían en su poder la Casa de la Cultura, habilitada como sede el gobierno municipal.

Después de que el juez federal les otorgó la suspensión provisional de las órdenes de aprehensión, tanto el presidente municipal de Salina Cruz como sus 20 seguidores tendrán que presentarse a declarar ante el juez Hermes Angel Maldonado, quien tiene a su cargo el expediente 22/2002. Hoy se definirá la situación legal de los funcionarios, quienes supuestamente están involucrados en los hechos.