Miguel Concha
Salida airosa
Desde el 15 de octubre de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el gobierno violó los derechos a la integridad y libertad personal del general José Francisco Gallardo, así como sus garantías y protección judiciales, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y pidió entre otras cosas su liberación inmediata y la investigación y sanción de los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en su contra. En su informe 43/96 consideró que el sistema judicial mexicano, y especialmente el fuero militar, carece de recursos adecuados y eficaces, al alcance de los afectados, para la protección de sus derechos humanos, y estableció que el gobierno cometió una "desviación de poder", al utilizar su potestad para fines distintos a los que la ley le concede, y realizar actos con apariencia legal que lesionaron y continúan lesionando la fama y reputación del militar injustamente preso, por prejuzgar su conducta sin haberse probado su responsabilidad. En el informe se observa también que el gobierno interpuso todos los obstáculos que tuvo a su alcance para dilatar ante la CIDH el procedimiento, alegando el supuesto no agotamiento de los recursos internos y la inexistencia de hechos violatorios de los derechos humanos.
No obstante que el nuevo gobierno federal manifestó en febrero de 2001 ante la CIDH su disposición de cumplir cabalmente sus recomendaciones, la privación injusta de la libertad y los actos de hostigamiento continuaron, por lo que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, presentaron el 23 de julio una solicitud, con el fin de que se tomaran las "medidas conducentes para otorgarle su libertad y garantizarle su integridad y su vida". Dichas medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH el 2 de noviembre. Dado que el gobierno únicamente cumplió con la exigencia de garantizarle su vida y su integridad, reubicándolo de celda en el penal Neza Bordo, el 14 de noviembre la CIDH decidió enviar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que volvió a demandar la protección de su integridad y vida, y reservó para el 19 de febrero próximo la resolución de su inmediata libertad.
Ante esto, el gobierno únicamente reaccionó otra vez trasladándolo simplemente de prisión, reubicándolo ahora en el nuevo Centro de Readaptación Social de Chalco.
El 15 de febrero de 2001 la familia del general interpuso un juicio de amparo indirecto ante el juzgado sexto de distrito en el estado de México contra el Ejecutivo federal, por incumplimiento de la recomendación de la CIDH, que no pudo terminar de instruirse hasta el 23 de enero pasado, por la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional a presentar sus informes, o sus informes completos, en las audiencias del 11 de septiembre y el 19 de octubre. En su informe justificado la Sedena alegó la presunta improcedencia del amparo, argumentando la supuesta no obligatoriedad del Ejecutivo para acatar las recomendaciones de la CIDH, lo que contradice gravemente el compromiso nacional e internacional del Estado mexicano, al haber ratificado el 3 de abril de 1982 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sentando así un pésimo precedente frente a la comunidad internacional, y poniendo en duda la voluntad política expresada por el Ejecutivo en su toma de posesión, de tomar medidas tajantes para mejorar el historial del país en materia de derechos humanos, y resolver los casos destacados en los que está involucrado el Ejército. Toca ahora nuevamente al Poder Judicial, consciente de la aplicación obligatoria de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, por encima de leyes secundarias, por lo demás objetadas internacionalmente como violatorias de los derechos humanos, como el Código de Justicia Militar, tomar el relevo de la acción de la justicia en favor del general Gallardo. Sería además una salida airosa para resolver en forma decorosa este espinoso asunto, antes de tener que comparecer como acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exponerse a volver a escuchar lo que ya se les dijo en Washington el 14 de noviembre: "No pueden venir argumentando cuestiones del derecho interno para continuar incumpliendo sus obligaciones internacionales, pues ello significa seguir retando al sistema interamericano, al mantener detenido al único preso en todo el hemisferio que cuenta con un informe de la CIDH".
