Demandan que la PGR reabra la investigación sobre los asesinatos

ONG señalan la responsabilidad del Ejército en la masacre de El Charco

ROSA ROJAS /II ENVIADA

Ayutla de los Libres, Gro. La única forma de superar "la traba principal que genera la impunidad" en el caso de la masacre de El Charco, que es cumplir la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al respecto (la 20/2000), sería llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que señale la conveniencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una nueva investigación, señaló el dirigente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, del DF; La Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez y de La Montaña Tlachinollan, de Tlapa, ambos de Guerrero, así como el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, que integraron una misión civil de observación que llegó a El Charco el día siguiente de la masacre; la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT); Porfirio Hernández Francisco, quien resultó herido de un balazo en la cadera en la escuela de El Charco aquel 7 de junio de 1998; Domingo Morales de los Santos, dirigente mixteco de la Organización de Indígenas Colonos de Ayutla; Andrés Rubio, del Comité de Derechos Humanos de la Costa Chica, y autoridades municipales de este lugar, señalan que no es real que ese día haya habido un "enfrentamiento" entre militares y presuntos guerrilleros, como lo afirma la CNDH, junto con autoridades militares y la Procuraduría General de la República.

Coinciden también las citadas organizaciones en que la CNDH fue omisa en su recomendación sobre El Charco en varios aspectos: nunca hace referencia a las denuncias de que varios de los 11 muertos fueron ejecutados extrajudicialmente; no menciona de ninguna forma las torturas físicas y sicológicas, la incomunicación y el hostigamiento denunciados por los sobrevivientes detenidos, y tampoco recomienda la debida reparación del daño a los heridos y a los deudos, entre los que se cuentan ocho viudas y 40 huérfanos.

Violaciones documentadas

La recomendación 20/2000 del 29 de septiembre de 2000, difundida el 25 de octubre del mismo año, determina que en el operativo los militares cometieron violaciones a los derechos humanos, específicamente al "no preservar y distorsionar el lugar de los hechos"; al no haber puesto "de inmediato a disposición de la autoridad competente, que además se encontraba presente en el lugar de los hechos (el Ministerio Público Federal), a los detenidos en flagrancia", sino que entregaron a los 27 detenidos al Ministerio Público Militar, mismo que no debió haberlos recibido "por ser incompetente para conocer de ello", y se les trasladó primero al 48 Batallón de Infantería y de ahí a la novena Región Militar, donde indebidamente procedieron a interrogar a los testigos. Sobre estos aspectos, el cuarto visitador de la CNDH, Rodolfo Lara Ponte, informó que la Secretaría de Defensa Nacional ya cumplió con la recomendación de que se enviara una circular a elementos del Ejército, a efecto de que respeten las garantías fundamentales, y para que el Ministerio Público Militar se abstenga de participar en tareas que no son de su competencia.

Sobre las omisiones que se señala hubo en la recomendación 20/2000, Lara Ponte afirmó que la CNDH elabora sus conclusiones luego de una investigación en la que participaron visitadores, peritos y médicos, "con base en los elementos que nos presentan", y en este caso "no se acreditaron" ejecuciones extrajudiciales "pero yo haría una prevención adicional: corresponde, en todo caso, al órgano jurisdiccional, de acuerdo con la propia Constitución, establecer si efectivamente sucedieron este tipo de situaciones..."

-¿En este caso sería la procuraduría militar?

-Parte de la recomendación va en ese sentido, que esa averiguación previa (la IXRM14/98 de la procuraduría militar, que ya había sido enviada a la reserva y se sacó de ella después de la recomendación de la CNDH) determinará si efectivamente se llevaron a cabo ese tipo de actos extrajudiciales, ese tipo de ejecuciones.

Se le preguntó qué información tenía del avance de las investigaciones y procedimientos administrativos recomendados por la CNDH; mencionó que están a la espera de que la Sedena les informe "cuál es el estatus que guarda la implementación de la recomendación".

Se insistió en que la comisión había recogido diversos testimonios de que hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas. Lara Ponte subrayó que se tenían los testimonios pero no los elementos que lo acreditaran y añadió: "corresponde al Ministerio Público Federal determinar si se dieron ese tipo de casos. Por eso la CNDH recomienda que se defina la responsabilidad por la vía penal, y en ese sentido la investigación concluirá si efectivamente dieron lugar o no a ese tipo de hechos".

-¿La Procuraduría General de la República tendría que haber investigado si hubo o no ejecuciones extrajudiciales?

-No, la información con la que contamos nosotros nos permite advertir si efectivamente hubo este tipo de prácticas; se formula la recomendación para que de acuerdo con el fuero militar se determine si los elementos que participaron en ese operativo transgredieron el orden jurídico, según sus propias normas internas. Por otra parte, corresponde al Ministerio Público Militar determinar si hubo este tipo de practicas.

Recuento de los abusos

De acuerdo con información publicada en La Jornada, la madrugada del 7 de junio de 1998 la comunidad de El Charco despertó por el ataque del Ejército contra la escuela bilingüe Caritino Maldonado, donde pernoctaban unos 15 "encapuchados" de un grupo armado que, presuntamente, la gente identificaba como integrantes del EPR, y un número indeterminado de campesinos que estaban de visita en la comunidad para asistir a una asamblea que había sido convocada tres días antes por el comisario municipal, durante la cual se hablaría de las condiciones de vida de la comunidad. Los "encapuchados" convivieron con los campesinos, algunos hablaban mixteco y "se portaban muy amables y hasta les prestaban sus armas".

Las familias de El Charco huyeron cuando alrededor de las dos de la mañana vehículos militares sitiaron el pueblo y un jefe militar ?que según versiones castrenses era el comandante de la 27 Zona Militar, general Alfredo Oropeza Garnica (cuya sede está a cien kilómetros del lugar de los hechos) amenazó con acabar con todo El Charco y con Ocote Amarillo, la población vecina, si no se rendían y entregaban las armas. Quienes se hallaban adentro de la escuela gritaron que no iban a salir, que no traían armas. Testigos dijeron que los soldados iniciaron los disparos, que inclusive "bombardearon" la escuela desde un cerro con proyectiles (granadas de fragmentación); que también hubo disparos de los "encapuchados" contra los militares. La escuela quedó semidestruida, con miles de orificios de balas, los disparos continuaban a las nueve de la mañana. Unos mil efectivos militares sitiaban la zona y llegaron helicópteros del Ejército.

De acuerdo con testigos sobrevivientes, según la versión de La Jornada, los disparos del Ejército mataron a tres personas en la escuela. Luego se rindieron quienes permanecían en el plantel. Los soldados llegaron al centro educativo, dieron orden de tirarse boca abajo, Honorio no entendió, porque no hablaba español, y le dispararon. Los obligaron a salir arrastrándose hacia la cancha. "Sólo había tres hombres armados y fueron los primeros en morir". Daniel no resistió cuando mataron al que iba adelante, "volteó a ver al soldado que había disparado y entonces le tocó a él".

La misión civil de organizaciones de derechos humanos recogió testimonios en el sentido de que de la escuela "salieron todos vivos" y en la cancha "nos dispararon y ahí mataron a los otros".

La Limeddh consignó la necesidad de investigar "la denuncia de ejecución sumaria con tiro de gracia a Mario Chávez García, Daniel Crisóforo Jiménez, Manuel Francisco Prisciliano y Fernando Félix Guadalupe, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio García Lorenzo, quien fue el primero en salir de la escuela, se hincó, levantó las manos en señal de rendición y dijo 'perdónenme, nosotros no tenemos armas, no tiren', y los militares dispararon contra él". Indicaba además que debía realizarse otra necropsia, cuando menos en los cadáveres de los mencionados. La misma versión de la muerte de Honorio dio Erika Zamora Pardo, la estudiante de la UNAM detenida en El Charco, quien permanece encarcelada en el Cereso de Chilpancingo. Ella sostuvo además que cuando varios campesinos salieron de la escuela y estaban en la cancha, los soldados les lanzaron una granada de fragmentación. En esto coincidió Hernández Francisco: "estábamos en la cancha todos boca abajo, ahí los militares nos tiraron y hubo muchos muertos".

Alfredo Castillo, del Centro Pro, quien participó en aquella misión civil, indicó en entrevista que vio tres cuerpos con el cráneo destrozado, "lo que nos hacía pensar que se cometieron ejecuciones con tiros de gracia", y había cuerpos con señas de haber sido golpeados, arrastrados y en los que se habían cometido actos de tortura. El Centro Pro presentó a la relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir, el caso de El Charco.