Reconoce Zabicky falta de control oficial sobre 'anexos'

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Ciudad de México. En su afán de “salvar” a sus seres queridos de las adicciones, muchas familias han optado por internarlos en centros de rehabilitación que en realidad no cuentan con ningún tipo de manejo terapéutico y en donde se les expone a sufrir abusos y vejaciones, participar en actos delictivos e incluso ser blanco de desaparición.

Así lo advierten familiares de víctimas, funcionarios especializados y organizaciones civiles, las cuales señalan que por muchos años esos espacios se han vuelto auténticos “hoyos negros” al margen de toda regulación, en los cuales las autoridades hoy están obligadas a indagar, como se los ordena la Ley General en Materia de Desaparición y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas.

El nivel de descontrol es tal, señalan expertos en el tema, que menos del 20 por ciento de los clínicas de rehabilitación están registradas y cumplen con la normatividad en la materia, por lo que el aislamiento en el que mantienen a sus usuarios puede ser caldo de cultivo para diversos abusos e incluso delitos.

“A la gente no la rehabilitan, la humillan”

Una de las historias que muestran el nivel de descontrol que existe en algunos de los llamados “anexos” es la de Eder Adair Islas Villagómez, un joven de 24 años de edad que empezó a consumir cocaína a raíz de una decepción amorosa, y que le pidió ayuda a su familia para dejar la adicción.

“Desgraciadamente encontré una clínica que se llamaba ‘Salva tu vida’, a cargo de Fernando Sandoval Díaz, que me llamó la atención porque hablaba de desintoxicación a base de sauna y sueros vitaminados. Tomé la mala decisión de internar a mi hijo un 18 de octubre de 2009”, recuerda en entrevista con La Jornada Graciela Villagómez, madre del muchacho.

Aunque la primera fase del tratamiento concluyó en marzo de 2010 y Eder se veía mejor, el dueño de la clínica convenció a la familia de que el joven todavía no se había recuperado del todo y extendió su estancia hasta finales de ese mismo año.

Tras haber inventado diversas excusas para que los padres del muchacho no pudieran hablar con él, finalmente el 29 de diciembre de 2010 Fernando Sandoval le llamó a la familia para decirle que Eder y otros dos jóvenes estaban desaparecidos, luego de que él los mandara en una camioneta a Matamoros, Tamaulipas, a traer a otro paciente.

Luego del desconcierto inicial por la noticia, “nos enteramos del maltrato que vivían en la clínica: a los pacientes les decía que nosotros lo odiábamos y queríamos que se quedaran ahí, y a las familias les decía que sus hijos eran lo peor del mundo y nunca se iban a rehabilitar.

“A mi hijo le hicieron el castigo de ‘la playita’, que consiste en sentarlo en una silla, amarrarle una franela en la cabeza y echarle agua para asfixiarlo. A las jovencitas las vestía como geishas para prostituirlas y a los muchachos se los llevaba con armas largas a cobrar ‘derecho de piso’ en los antros de Naucalpan, Coacalco y Ecatepec”, señaló Villagómez.

“A la gente no la rehabilitan: la maltratan, la humillan, la sobajan y la tienen muerta de hambre. Duermen en tapetes o en sábanas, los bañan a manguerazos y les dan de comer en latas. Son lugares que, incluso, reciben a delincuentes que se están ocultando”, aseguró la mujer.

Aunque ha logrado que Fernando Sandoval sea investigado e incluso sentenciado a 45 años de cárcel por los abusos cometidos contra diversos pacientes, Graciela Villagómez no ha conseguido saber el paradero de su hijo Eder. “Mientras la autoridad no regule esos lugares, van a seguir pasando estas cosas. No rehabilitan a los pacientes: sólo están enriqueciéndose a costa del dolor de la familia y del enfermo”.

Regulados, solo una quinta parte de los “anexos”

Surgidos en su momento como una alternativa para atender a las personas con problemas de adicción que no podían pagar clínicas costosas, buena parte de los “anexos” son lugares que aparecen y desaparecen sin rendir cuentas al gobierno, y en donde los pacientes están a merced de la voluntad de quien dirige las supuestas “clínicas”.

De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky, de los alrededor de 2 mil 800 centros de rehabilitación que existen en el país, únicamente 500 (17.8 por ciento) están debidamente registrados, y aunque el funcionario subraya que las violaciones de derechos humanos no ocurren de forma generalizada en estos sitios, admite que buena parte de ellos operan en un ambiente de opacidad y falta de control.

“La cifra (de clínicas de rehabilitación) puede subir y bajar, porque hay algunas que desaparecen y otras nuevas que nacen. En muchos lugares resulta más sencillo poner un centro de atención para adicciones que un carrito de hot dogs”, reconoce el siquiatra y adictólogo en entrevista.

“El que haya sitios de tortura de pacientes no es un fenómeno cotidiano ni totalmente diseminado, pero cuando sí se llega a dar, es una situación muy problemática y dolorosa”, en donde técnicamente se reúnen las condiciones de la privación ilegal de la libertad, entre otros delitos.

“La barda perimetral de los anexos se presta para que haya gente privada de la libertad, trata de blancas o que haya escondido algún homicida. Se vuelve como una zona de tolerancia, un lugar donde tampoco entra la policía frecuentemente porque no es su atribución, a menos que haya una denuncia”, apunta Zabicky.

Frente a la actual situación de desorden, dijo, el actual gobierno está rehaciendo por completo la Norma Oficial Mexicana 028, mediante la cual se regulan los centros de control y tratamiento de adicciones, no sólo para tratar de que las clínicas privadas cumplan con los estándares mínimos de seguridad, sino también para que el Estado amplíe su oferta de atención a personas con problemas de consumo de sustancias y cubra su “deuda histórica” en este terreno.

Al participar en la conferencia de prensa vespertina del pasado 10 de octubre en Palacio Nacional, Zabicky afirmó que, antes de que termine la actual administración, habrá un “semáforo” en donde los “anexos” que no cumplan con la ley, estarán debidamente señalados en rojo para que las familias no lleven ahí a sus seres queridos, y así eviten exponerlos a probables abusos.

 

 

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