Señala ONU violación de derechos de migrantes en México

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU culminó la sexta evaluación periódica de México y entre los aspectos más preocupantes señala a la nueva política migratoria y las recurrentes denuncias de violaciones sufridas por personas en situación irregular, incluyendo casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, extorsión, trata, asesinatos y otros delitos.

Este brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Estado Mexicano sobre la instrumentación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El comité reportó que en la nueva política migratoria se recurre al uso generalizado de la detención y, muchas veces, al uso de la fuerza por parte de agentes estatales. También se dijo preocupado por la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes, que obligan a que los solicitantes de asilo en Estados Unidos permanezcan en territorio mexicano durante su periodo de trámite, toda vez que expone “a dichas personas a diferentes violaciones, incluyendo casos de secuestros y extorsión”.

Al Comité le preocupan las altas y crecientes tasas de homicidios, los reportes sobre ejecuciones extrajudiciales y los índices de letalidad que se registran en el Estado Parte.

Si bien bien valora lo expresado por la delegación del Estado parte de que la Guardia Nacional es definida constitucionalmente como una institución de carácter civil, expresó preocupación “por el carácter militarizado de las fuerzas de orden en general, incluyendo la Guardia Nacional, y por la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana”.

En este sentido recomendó, “alejarse de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y a establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana”.

Pese la adopción de la Ley General de Víctimas, su implementación ha sido insuficiente. “El Comité insta al Estado parte a que provea a los organismos encargados de aplicar la Ley General de Víctimas de los recursos necesarios, de la capacitación adecuada y de los mecanismos de control eficaces para que las víctimas de violaciones de derechos humanos reciban con prontitud una reparación integral… El Estado parte debe, asimismo, garantizar, incluso mediante reformas legislativas, un trámite rápido y eficaz para lograr el reconocimiento legal de la calidad de las víctimas”, se lee en el documento.

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