Ambientalistas hondureños, los más vulnerables en América Latina

Compartir en Facebook Compartir en Whatsapp

Ciudad de México. Durante el Congreso Internacional Medio Ambiente y Derechos Humanos, activistas señalaron que en América Latina, los defensores de la tierra y el medio ambiente sufren constante violencia o son asesinados.

En la mesa de diálogo Pueblos Indígenas y la Defensa del Medio Ambiente como Patrimonio Ancestral, Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, ambientalista asesinada hace tres años en Honduras, señaló que los activistas sufren constantes agresiones.

En el caso de su madre recordó que la mataron por organizar protestas contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y la tierra de las comunidades locales. Además realizar movilizaciones indígenas contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio del pueblo amerindio lenca.

En entrevista con La Jornada, Laura Zúñiga, quien pertenece al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), que cofundó su madre recordó, que Honduras fue catalogado por Global como uno de los países más peligrosos para ejercer defensoría del medio ambiente. “Se nos ha sometido a un nivel de violencia grave por defender a la madre tierra. Varios compañeros son asesinados, desplazados o perseguidos. Hoy en día estamos desprotegidos porque (autoridades) crean leyes para criminalizarnos y esto facilita a las empresas que atenten, agredan o nos demanden".

Por ejemplo, manifestó, es el caso del despojo de los títulos comunitarios, lo cual aprovechan los empresarios para comprar tierras “dentro del título comunitario pero que han sido otorgados por dominio pleno y después acusar a las poblaciones d usurpación. Pasa mucho que se crea una ley forestal que no contempla la sitaución ni realidad de los pueblos indígenas que han sido sacadas de los territorios de cultivo y desplazados a las periferias”.

Agregó que en el caso de Berta Cáceres sigue impune. “Hubo siete personas condenadas por su asesinato. Si bien el fallo fue en diciembre del año pasado, aun no hay individualización de penas, es algo irregular, porque debería haber pasado 15 días después y pasaron 10 meses, esto preocupa porque va debilitando la decisión del juez para declararlos culpables”.

De acuerdo con la activista, el tribunal de aquel país decretó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de Desa, empresa que promotora de la hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca, para llevar a cabo el asesinato el 3 de marzo de 2016.

“Por otro lado hay una persona detenida que el gerente general de la empresa Desa. El 25 de septiembre se tenía programada una audiencia en la que se diría si el juicio continúa en su etapa de oralidad que es muy importante porque permitirá que la población acceda al proceso judicial, o si se cierra hasta ahí.

“Hemos vivido la dilatación de ese proceso, que también forma parte de la estrategia de aplazar los tiempo judiciales para generar de esta forma impunidad. Nos preocupa sumamente la impunidad en este caso, todavía no hay personas de alto perfil que se sabe que están implicados, no han sido investigadas ni procesada, ya casi son cuatro años, hay pruebas. Como familia, organización hemos señalado esas pruebas al ministerios público y aun así entendemos que es una decisión política de proteger a esas personas que tienen dinero y poder político. No s´loes mi madre, son seis personas que han muerto por esta empresa Desa” añadió.

Últimas noticias