Recomendación de CNDH a PF por actos de tortura en Macuspana

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Ciudad de México. Elementos de la Policía Federal (PF) violentaron los derechos humanos de 23 personas, diez de ellas menores de edad, a quienes detuvieron de manera arbitraria, retuvieron ilegalmente y torturaron, durante diversos operativos realizados el 24 de julio de 2015 en Macuspana, Tabasco.

Aunado a ello, servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues impidieron el acceso a la justicia a una de las víctimas.

La CNDH emitió la Recomendación 39/2019 por estos abusos, dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo; y al titular de la Fiscalía estatal, Jaime Humberto Lastra Bastar.

Los hechos ocurrieron durante el sexenio pasado. Al indagarlos, la CNDH acreditó que los elementos de la PF cometieron violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y seguridad personal de 23 personas, a la integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y actos de tortura contra nueve de ellas, y contra el interés superior de la niñez en agravio de diez menores de edad, en tanto que personal de la Fiscalía Estatal violó el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración contra uno de los agraviados y sus familiares.

El 24 de julio de ese año, en distintas acciones, los agentes federales ingresaron en forma “ilegal y violenta” a siete domicilios ubicados en la Ranchería Lázaro Cárdenas, el Ejido el Venadito y Ranchería Bitzal, en el municipio de Macuspana. Causaron destrozos, derrumbaron puertas y ventanas y catearon ilegalmente las viviendas; sin explicación golpearon y detuvieron a adultos y menores de edad, a quienes maltrataron.

En relación con el derecho de acceso a la justicia, se advirtió que durante el trámite de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia de una de las víctimas contra los agentes de la PF, personal de la Fiscalía estatal “no efectuó oportunamente las diligencias necesarias o idóneas para la investigación del delito”.

De estos hechos, se inició un proceso en la justicia federal contra cinco de los agraviados, a quienes se les señala de la presunta comisión de diversos delitos. Ante ello, la CNDH aseveró ser respetuosa de las actuaciones realizadas por la autoridad judicial federal de los señalados y sólo se refiere a las violaciones a garantías fundamentales.

La CNDH ha señalado que se debe investigar, procesar y, en su caso, sancionar a quienes cometan faltas y delitos, pero siempre en el marco del derecho y del respeto a los derechos humanos. Las conductas de los agentes aprehensores encaminadas a acreditar la responsabilidad de las personas inculpadas también deben ser investigadas y sancionadas cuando haya señalamiento de violaciones a garantías, porque de no hacerlo se contribuye a la impunidad. Las víctimas del delito también deben tener protegidos sus derechos humanos de acceso a la justicia, entre otros, a partir de investigaciones ministeriales adecuadas y profesionales”.

Por ello, la CNDH recomendó al titular de la SSPC que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a las 23 víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la denuncia que se presentará ante la Fiscalía General de la República contra los elementos involucrados, y en el procedimiento administrativo de responsabilidad que promoverá ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF.

Al Fiscal General de Tabasco se le pidió que con urgencia se practiquen las diligencias legal y materialmente necesarias para determinar la carpeta de investigación por los hechos denunciados por uno de los agraviados; colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía estatal contra las autoridades responsables y el personal de la Policía de Investigación de la dependencia involucrado, entre otras.

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