CDMX y Edomex, responsables de desaparición de Marco Antonio Sánchez

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Las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y del estado de México son responsables del delito de desaparición forzada en contra del joven Marco Antonio Sánchez, estudiante del bachillerato de la UNAM que fue detenido en las inmediaciones del Metrobús El Rosario en enero de 2018 y apareció cinco días después en Tlalnepantla.

Así lo concluyó un tribunal federal al resolver una demanda de amparo tramitada por los familiares y defensores del entonces adolescente, quien sufrió serías repercusiones para su salud física y psicológica. Por lo que se ordena la reparación integral del daño para él y sus familiares por la "grave violación a derechos humanos" de las que fue víctima.

La Red por los Derechos de la Infancia en México, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto de Justicia Procesal Penal Presunción de Inocencia, organizaciones que han acompañado el proceso de Marco Antonio, señalaron que el joven también fue víctima de detención arbitraria y tortura por parte de elementos de seguridad del gobierno capitalino. Por lo que exigieron una investigación exhaustiva y sanción a los funcionarios que negaron su desaparición forzada y a los responsables de la impunidad persistente en el caso.

La tarde del 23 de enero de 2018, en las inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús, el joven estudiante del bachillerato de la UNAM, entonces de 17 años, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado. El caso causó conmoción social y organizaciones civiles respondieron de inmediato, lo que permitió que la víctima apareciera cinco días después, en el estado de México, con "severos daños de salud".

Tras el análisis del caso, incluido lo sucedido durante los cinco días transcurridos entre la detención y su reaparición, y contra la negación sistemática de autoridades de ambas entidades de que hubiera sido víctima de desaparición forzada, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgó el amparo y determinó que el adolescente sí fue víctima de grave violación a sus derechos humanos.

"La administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro 'adolescente problemático'. Las organizaciones defensoras documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente. Por tales actos de autoridad, Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva", subrayaron este martes las Ong al dar a conocer la resolución del amparo.

De acuerdo con la sentencia judicial, las autoridades de la Ciudad de México y del estado de México son responsables de la desaparición forzada del adolescente, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron.

Las organizaciones señalaron que la interpretación de la Ley de Amparo, con base en el artículo primero constitucional, permite concluir que este recurso en estos casos "no se extingue con la localización de la persona, ni cesan sus efectos con su aparición. Es decir, que se lograra la reaparición de Marco Antonio cinco días después por la intensa movilización social, no significó desaparecer el hecho delictivo de la desaparición forzada, y en consecuencia la investigación y persecusión de los presuntos responsables".

Agregaron que la desaparición forzada es un delito y una violación de derechos humanos, un crimen contra la humanidad, que afecta la dignidad humana, la integridad personal, psíquica y moral, la libertad, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el acceso a la jurisdicción, y el derecho a conocer la verdad y a la justicia.

"El análisis legal del amparo debe considerar su naturaleza compleja como violación de derechos humanos, su carácter continuado o permanente y el contexto en el que ocurrió, para determinar sus efectos prolongados y enfocar integralmente sus consecuencias".

Las Ong reconocieron la sentencia y señalaron que darán seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación integral por parte de instituciones y autoridades implicadas.

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