Omisión de autoridades en protección de maestros violentados en Chiapas

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Las autoridades estatales y municipales de Chiapas incurrieron en omisión para proteger a 14 profesores del estado, quienes al oponerse a participar en un paro convocado por la disidencia magisterial, fueron humillados y denigrados en la vía pública por sus compañeros, sin que representantes gubernamentales impidieran esas acciones, violentando así los derechos humanos de los agraviados.

Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al dirigir la Recomendación 09/2019 al gobernador de la entidad, Rutilio Cruz Escandón Cadenas; al Fiscal General del estado, Jorge Luis Llaven Abarca; a la directora general del Colegio de Bachilleres estatal, Nancy Leticia Hernández Reyes, y al presidente municipal de Comitán de Domínguez, Emmanuel Cordero Sánchez.

El organismo nacional acreditó que las autoridades municipales y estatales incurrieron en omisiones y responsabilidades para no proteger la garantías de los 14 docentes humillados, a quienes obligaron a caminar descalzos por las calles, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente, esto en el contexto de las protestas magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa del sexenio pasado.

Tras sus investigaciones, la CNDH concluyó que hubo violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, los cuales son atribuibles a autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia, las cuales incurrieron en indebida tolerancia a las agresiones contra las víctimas.

La retención del personal docente y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación de Chiapas y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, se realizó el 31 de mayo de 2016 en dos grupos: el primero, de seis personas adscritas a la Secretaría de Educación de Chiapas –dos mujeres y cuatro varones—, que fueron interceptadas en “los arbolitos”, cuando se dirigían a las oficinas de la dependencia en Tuxtla Gutiérrez.

En el otro grupo había ocho personas – dos mujeres y seis hombres— que laboraban en el Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, quienes fueron detenidas en una oficina alterna al plantel. Las víctimas fueron llevadas a las inmediaciones de la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, lo que fue difundido por medios de comunicación y por lo cual la CNDH inició de oficio expediente de queja.

"Las omisiones y responsabilidades acreditadas consistieron en la falta de acciones eficaces para contener las agresiones, ya que las autoridades de seguridad pública sólo instruyeron 'monitoreos' de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad", remarcó la CNDH en la Recomendación.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas omitió investigar la participación de integrantes de su personal que estuvieron en los hechos, pese a señalamientos de haber retenido a las víctimas, a quienes no garantizó un trabajo digno, ya que continúan laborando con sus agresores, lo cual impide que realicen sus funciones con respeto a su dignidad.

La CNDH recomendó al mandatario estatal que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a las víctimas, que incluya atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; coadyuve con la CNDH en la queja y denuncia que presente ante las autoridades competentes y la Fiscalía General de Estado, respectivamente, contra el personal involucrado, incluida la cadena de mando, Entre otras.

Al Fiscal General del Estado se le recomendó integrar y perfeccionar la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos en agravio de seis víctimas; colaborar con la CNDH en la queja que formule ante la Visitaduría de esa Fiscalía, y capacitar al personal en derechos humanos y procuración de justicia.

A la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas se le solicita implementar acciones para garantizar que las ocho víctimas de esa institución realicen sus actividades laborales con seguridad y respeto, evitando su revictimización, y colaborar con la CNDH en la queja que formule ante la Comisaria General de ese Colegio.

Al presidente municipal de Comitán de Domínguez se le pide colaborar con la CNDH en la queja que formule ante la Contraloría Interna Municipal contra los policías involucrados, incluida la cadena de mando; capacitar al personal policial municipal en derechos humanos, específicamente en técnicas, tácticas y estrategias para el control de multitudes, para garantizar su correcto desempeño y prevenir hechos similares.

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