Preocupa a CNDH falta de garantías para connacionales retornados de EU

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Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resulta muy preocupante que el Estado mexicano esté fallando en garantizar los derechos y la reinserción exitosa a los miles de connacionales retornados de Estados Unidos a México.

"Las medidas que como país debemos implementar para dar una respuesta adecuada a dicho fenómeno trascienden por mucho la mera entrega de cartillas informativas o la agilización de trámites fronterizos", consideró el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.

Durante la presentación del estudio "Políticas multinivel para el desarrollo y la (re)inserción de migrantes mexicanos y sus familias", el quinto visitador de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, leyó el mensaje del ombudsman -quien por razones de agenda no pudo estar presente en el acto.

"Uno de los aspectos más relevantes que nos revela el estudio es que no existe coordinación entre las diferentes secretarías y dependencias de los distintos órdenes del Estado mexicano. De allí que el estudio señale una urgente necesidad para que se formule una política integral sobre migración de carácter nacional (...) También concluye que no existe ley o reglamento alguno que establezca una clara distribución de facultades y obligaciones entre la federación, los estados y los municipios sobre la acción pública en torno a la migración", señaló en su mensaje González Pérez.

El análisis, que se realizó de manera conjunta entre la CNDH y El Colegio de la Frontera Norte, muestra que en el quinquenio 2005-2010 los mexicanos repatriados alcanzó las 824 mil personas, mientras que entre 2010 y 2015 bajó (46 por ciento) con 443 mil migrantes retornados.

El número de menores de edad nacidos en Estados Unidos que migraron a México con alguno de sus progenitores pasó de 176 mil a 91 mil, lo que representa un descenso de 48 por ciento.

La investigación indica que después de 2015 no se tiene una fuente que ofrezca indicadores comparables con los anteriores. "Pero a partir del análisis de datos sobre flujos de personas migrantes se puede sostener que entre 2015 y 2018 el retorno se ha mantenido en niveles similares a la parte final del quinquenio 2010-2015, por lo que se estima que en el próximo censo de 2020 el monto reportado será menor o igual al observado en la Encuesta Intercensal 2015".

De acuerdo a la información recabada en estudio, en el periodo de 2006 a 2009 hubo un alto nivel de retorno de personas mexicanas de los Estados Unidos (con alrededor de 140 mil expulsiones por año); de 2010 a 2015, hubo un descenso (alrededor de 443 mil casos en el quinquenio), y de 2015 en adelante, hay un estancamiento, con un nivel promedio de 50 mil expulsiones anuales.

Para dimensionar lo que podría venir se debe considerar el tema de las expulsiones desde Estados Unidos vinculadas a la administración de Donald Trump, entre las que se incluye la posible cancelación de programas que acogían a hijos de inmigrantes en Estados Unidos (por ejemplo, DACA), las condiciones económicas de ese país, así como el retorno de sus familiares desde aquel país, asienta el estudio.

En el periodo de mayor retorno el perfil de los migrantes era mayoritariamente de personas de sexo masculino en edad laboral, sobre todo en el quinquenio 2005-2010; además, entre los hombres retornados de 25 años o más, casi la tercera parte era soltero o separado (27 por ciento), cerca de la quinta parte tenía pareja y la cual también era migrante de retorno (20 por ciento), pero la gran mayoría era casado o unido con pareja no migrante (53 por ciento). "Se puede sugerir que la familia nuclear residía en México mientras ellos estaban en Estados Unidos".

"Los tiempos que ahora corren hacen necesario un nuevo diseño normativo que regule la complejidad con que se presenta el fenómeno de la migración de retorno, bajo las siguientes premisas. De entrada, la regulación existente es insuficiente para abordar de manera integral los flujos de retorno. Quedan muchos vacíos normativos que son aprovechados por las autoridades a efecto de no atender la problemática existente provocada por los mencionados flujos. Pero no sólo eso, la poca regulación existente sigue recayendo en aspectos migratorios, cuando en realidad debiera tratarse de aspectos poblacionales", enfatizó González Pérez.

Entre las conclusiones del estudio se subraya que mucho de lo que se requiere para hacer frente a la situación del retorno pasa, necesariamente, por la elaboración de programas sociales, sin embargo, al no tener un asidero normativo tales programas quedan a la voluntad de la persona gobernante en turno. Otro elemento es armonizar las acciones que está realizando no solo el nivel federal, sino el estatal y municipal, para lo cual se requiere de una acción integral.

En el análisis se señala que hoy en día existen estados que no cuentan con legislaciones que tomen en cuenta la migración de retorno, y por otra parte existen leyes estatales que abordan el fenómeno, pero sin una visión de conjunto entre federación, estados y municipios.

"No cabe duda que hace falta una regulación especial en materia de retorno, ya sea mediante la inclusión en un capítulo de una Ley General o bien mediante la propuesta de una nueva ley que aborde exclusivamente el tema del retorno en la que se homologuen definiciones para que la política pública pueda operar desde la transversalidad".

Édgar Corzo indicó que la CNDH entregará esta investigación a las secretarías de Relaciones Exteriores a fin de que cuenten con los datos a los que se llegó y que éstos sean utilizados para reforzar las políticas públicas de atención a este sector.

Ana Saiz, presidenta de la organización civil Sin Fronteras, aseveró que la movilidad humana es un asunto prioritario de la administración, por lo que México tiene todas las posibilidades de tener una política inclusiva y acoger a las personas que deseen estar en su territorio con posibilidades de mejorar su vida.

"Hemos visto con mucha preocupación que hace falta una política que pueda dar certidumbre hacia adelante, no vistas como acciones aisladas de buena voluntad. Ahorita se van a dar tarjetas por razones humanitarias pero ya no sabemos si esa política continúa o no, si tuviéramos una política integral que atendiera todas las dimensiones de la movilidad humana podríamos tener mucho más certezas”.

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