Se multiplican en México asesinatos de defensores ambientales

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Ciudad de México. La colusión entre empresas y autoridades así como la presencia del crimen organizado son factores que en México inciden en el asesinato de defensores ambientales, los cuales se multiplicaron entre 2016 y 2017, ya que de tres casos se llegó a 15, 13 de ellos  indígenas, señala el Informe ¿A qué precio? de Global Witness.

El reporte mundial presentado este día por organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos señala que Brasil ocupa el primer lugar en asesinatos con 57, seguido de Filipinas con 48, Colombia con 24 y México con 15.

Destacaron que en México la minería es la actividad con la que más se relacionan los casos de violencia en las comunidades, seguida de los proyectos de infraestructura.

En un mensaje a través de Internet, Ben Leather, encargado de Incidencia de la organización, sostuvo que 2017 fue el año más sangriento a nivel global en ataques a defensores ambientales, en promedio cada semana cuatro activistas fueron asesinados. América Latina es la región más peligrosa, aquí se presentó el 60 por ciento de los casos.

Advirtió que en muchos casos se ha configurado la participación de policías y ejercito en los ataques a los defensores que sufren desde hostigamiento hasta amenazas de muerte, y México destaca porque se observó un fuerte aumento durante un año.

Señaló que la impunidad persistente lleva a que los perpetradores se sientan con el poder de atentar contra los defensores sin que haya consecuencias, y advirtió que en el caso de México las comunidades no tienen garantías de usar sus recursos naturales o no. “Los defensores que trabajan temas de tierra y defensa del ambiente enfrentan riesgos porque cuestionan grandes intereses económicos”.

Hizo un llamado al próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador para que aborde la temática de forma prioritaria, garantizar la participación de comunidades, de forma eficaz y garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Isela González de la organización Alianza Sierra Madre que trabaja en el municipio Guadalupe Hidalgo, al sur de Chihuahua y la sierra Tarahumara, indicó que los territorios de las comunidades están ocupados por la delincuencia organizada, es una zona productora de estupefacientes, hay agresiones que van desde el hostigamiento a los asesinatos. En 2017 hubo varios asesinatos, el de Juan Ontivero Ramos el 1 de febrero luego de unas mesas con autoridades agrarias y ambientales, y dos semanas antes mataron a Isidro Baldenegro y otras seis autoridades indígenas.

“Nos enfrentamos a intereses económicos, empresas madereras, caciques que han buscado despojar a los territorios y hoy se enfrenta a las concesiones mineras”. Esto sucede por la actuación de autoridades agrarias y ambientales, por corrupción, señaló.

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