Inhabilita SFP por diez años a ex funcionario de Infonacot

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Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años y le impuso una multa resarcitoria por 34 millones de pesos a un exfuncionario del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) que autorizó pagos por servicios que no se cumplieron.

En un comunicado, el organismo explicó que la sanción deriva de una indagatoria y un procedimiento de responsabilidad administrativa mediante el cual el Órgano Interno de Control (OIC) en el Infonacot determinó que el exdirector de Comunicación Social de dicha institución no cumplió con sus obligaciones como servidor público.

“La persona sancionada autorizó el pago a una empresa por más de 33 millones de pesos sin que se identificara evidencia de la realización de los trabajos estipulados en el contrato asignado por adjudicación directa, que incluían un manual para desarrollar un canal de difusión, un estudio sobre las redes sociales más convenientes para el instituto y acciones de capacitación”, dijo la SFP.

Dicha autorización irregular de los pagos “ocasionó un daño al erario, motivo por el cual se impuso la multa resarcitoria”, añadió.

De acuerdo con Función Pública, el OIC inició la investigación, “respetando siempre el derecho de audiencia y defensa del exfuncionario, a raíz de una denuncia de la entonces directora de Comunicación Institucional del Fonacot sobre probables irregularidades, tanto en el manejo como en el cumplimiento del contrato”.

En el pronunciamiento de la SFP, se indicó que su titular, Irma Eréndira Sandoval, enfatizó que “nada justifica la negligencia ni el abuso en el manejo de los recursos públicos, pues como servidoras y servidores públicos debemos garantizar que el erario sea dirigido para el bienestar general y no para satisfacer a unos cuantos”.

La funcionaria subrayó: “no permitimos la impunidad en contratos realizados a modo, que dilapidaron el dinero público. En la actualidad, mantenemos una estrecha vigilancia de las contrataciones públicas, para asegurar su apego a la norma”.

 

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