Seis años del ataque en Iguala y aún no hay justicia

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Sábado 26 de septiembre de 2020. La Fiscalía General de la República (FGR) integra, como una de sus tres vertientes de trabajo, la perspectiva de desaparición forzada en cuanto a las nuevas acusaciones contra autoridades y miembros de Guerreros Unidos involucrados o partícipes en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; de esta manera, el delito cometido será imprescriptible y no beneficia a quienes pretendan convertirse en testigos colaboradores, revelaron funcionarios federales.

A seis años de lo sucedido en Iguala, donde integrantes del cártel Guerreros Unidos y policías de varios municipios de Guerrero atacaron, privaron de la libertad y desaparecieron a alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de las 164 personas que fueron detenidas entre 2014 y 2016, más de la mitad recuperaron su libertad en 2018 y 2019 al ganar un amparo y demostrar que fueron torturados.

Aunque se han realizado estudios genéticos a restos óseos localizados en el municipio de Cocula, sólo se han logrado identificar a tres de ellos como integrantes del grupo de normalistas y están pendientes labores de búsqueda en puntos de Guerrero donde se presume podrían haber sido inhumados.

Por ello, indicaron funcionarios, la oficina del fiscal especial para el caso Iguala, Omar Gómez Trejo, trabaja en tres vertientes de manera simultánea: la obtención de datos que lleven a establecer lo que sucedió con los desaparecidos; sancionar penalmente a funcionarios que hayan incurrido en violaciones al debido proceso, tortura y delitos contra la administración de la justicia, y actuar judicialmente por desaparición forzada en contra de servidores públicos federales, estatales o municipales y miembros de Guerreros Unidos que hayan colaborado en la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los estudiantes, entre ellos José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del grupo delictivo.

Los entrevistados refirieron que la fiscalía especial ha avanzado en sus tres objetivos: se han obtenido órdenes de captura, entre ellas para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio (prófugo de la justicia), el ex comandante Carlos Gómez Arrieta (ya detenido) y recientemente fue aprehendida la agente del Ministerio Público Federal Blanca N, una de las primeras intervinientes en la investigación federal por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, involucrados en los hechos han aportado información para llevar a cabo acciones de búsqueda, entre ellos, Eliseo N, quien formó parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán y se encontraba preso en el estado de Morelos; también del líder de Guerreros Unidos en Iguala, Gildardo N, aunque esto sólo fue de manera temporal, pero compartió datos que llevaron a la ubicación de restos en Cocula, concretamente en la barranca La Carnicería, donde se localizaron fragmentos óseos que dieron positivo para identificar al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Testigo implica a El Patrón

Las autoridades entrevistadas advirtieron que en el caso del testigo identificado con la clave Juan, que corresponde al ex líder de Guerreros Unidos en Iguala, brindó un testimonio que ha permitido considerar la importancia de identificar a un personaje que se menciona en las investigaciones como El Patrón.

Sin embargo, también detectaron que el testigo colaborador trató de engañar a la autoridad y en su testimonio inculpó a un hombre identificado como El Güero Mugres –preso en 2015 por el caso Iguala pero fue liberado–, como el responsable de dar la orden de asesinar a los normalistas. De esa manera el testigo con clave Juan, que en realidad es Gildardo N, pretendió que su nombre ya no apareciera en las ­investigaciones.

El Güero Mugres era el encargado del tráfico de droga en los municipios de Tonatico e Ixtapan de la Sal, estado de México, municipio donde fue asesinado en 2018.

 

 

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