Familiares de activista asesinado en 2013 exigen información del caso

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Ciudad de México. Los familiares del luchador social Arturo Hernández Cardona, asesinado en 2013, le exigieron al Estado mexicano que le informe ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuál es el estado de investigación sobre este caso –por el cual está acusado el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca– y deje de solicitar prórrogas para cumplir con esa obligación. 

En conferencia de prensa virtual, recordaron que la familia del activista y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCI) acudieron el pasado 5 de marzo ante la CIDH para solicitar la admisibilidad del caso de la ejecución extrajudicial del dirigente de la Unidad Popular.  

El organismo interamericano emplazó el 13 de mayo al Estado mexicano para que explicara cuáles han sido sus actuaciones en este episodio y el estatus jurídico del mismo. Aunque el plazo de tres meses para que cumpliera con ello se agotaron, las autoridades solicitaron una prórroga extraordinaria de un mes más, que vence el próximo 13 de septiembre. 

Fray Julián Cruzalta, asesor de la RDSCI, enfatizó que el actual gobierno del país ya no puede solicitar que se extienda nuevamente el plazo para rendirle cuentas a la CIDH sobre su actuación en este caso y lamentó que hasta el momento no han tenido ninguna mesa de diálogo con las autoridades para encontrar una solución. 

Es un tema que están ‘bateando’, al cual no le quieren entrar a fondo, por eso le solicitamos a la CIDH no más prórrogas, porque el gobierno no ha respondido nada, no ha dado su informe en torno a esta situación. Ya se venció el término (para cumplir con esta obligación) y no encontramos justicia”, lamentó. 

Por su parte, Soledad Hernández Mena, hija del luchador social asesinado, lamentó que el Estado mexicano siga sin explicar en qué va la indagatoria sobre el homicidio de su padre y alertó que aunque José Luis Abarca sigue estando preso por este episodio, diversos jueces le han concedido amparos por otras acusaciones, lo cual implica el riesgo de que finalmente sus delitos queden en la impunidad. 

 

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