En defensa propia / Alejandro Gertz Manero

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Ciudad de México. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que más de 68 por ciento de la población considera que los jueces son corruptos, y que hay muy poca confianza en la administración de justicia en el país; independientemente de la indudable existencia de juzgadores honorables y capaces en todos los niveles y estructuras judiciales, pero que, por encontrarse en minoría, no han logrado modificar la percepción señalada.

El actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha caracterizado por su honradez y valentía para enfrentar esta situación y esas malas prácticas largamente arraigadas, ha descalificado contundentemente la corrupción y el nepotismo judicial, demostrándolo en los hechos; mientras ha propuesto, ante el Poder Legislativo, cambios fundamentales en la carrera judicial, en su capacitación, en la gestión procesal, en los criterios aplicables y en la organización institucional, así como en otros temas que ya se encuentran ante el Congreso.

Si la gran mayoría de la población, así como quien preside el Poder Judicial federal, coinciden en este diagnóstico, no se puede tener la menor duda de que esta situación tan negativa es una realidad reconocida e innegable; y, por tanto, es una obligación ética aportar capacidades y experiencia para corregir esta grave crisis de justicia, ignorada durante décadas, en razón de que ha funcionado como un contundente instrumento de control y sujeción que el poder público ha utilizado sobre una población abandonada e indefensa; y, por esas razones, consideramos que deben tomarse en cuenta los siguientes cambios prioritarios:

Frente a los resultados que ha dado el garantismo procesal, que protege a los acusados ante el abuso de la autoridad y la ineptitud oficial, ahora es indispensable equilibrar y fortalecer al sistema legal para defender, con igual contundencia y prioridad, a las víctimas del delito que, al día de hoy, son más de 36 millones de ofendidos en materia penal, para quienes no existe, en la realidad cotidiana, ni reparación del daño ni justicia alguna.

Quien comete un delito no debe quedar impune; y si la policía, el Ministerio Público o algún juez abusaron o violaron la ley y los derechos humanos del acusado, ellos deben ser sancionados ejemplarmente; pero también el delincuente debe ser castigado por su delito, reponiendo el procedimiento y obteniendo las pruebas legales que acrediten su ­responsabilidad.

Para no dividir, retrasar y complicar la secuencia procesal, el juez de control debe tener la más completa autoridad para llevar todo el proceso en forma expedita.

Para acabar con los plazos interminables y la corrupción de autoridades y de profesionistas sin escrúpulos, que buscan subterfugios para medrar, retrasar y evadir la justicia, es necesario compactar los recursos en el juicio, acelerando sus soluciones inmediatas y castigando sólidamente cualquier dilación injustificada.

En los delitos graves no debe permitirse la prescripción, ya que el daño que producen es irreparable y la impunidad que generan es una afrenta pública inaceptable, que es menester combatir a fondo.

La reincidencia debe tipificarse con más precisión para poder aplicar la prisión preventiva obligatoria a los profesionales del delito y, así, contener la escalada delictiva que se padece.

En delitos contra la administración de justicia deben aplicarse sanciones ejemplares para los jueces y servidores públicos que actúen contra la ley y la jurisprudencia, causando daños o ventajas indebidas a cualquiera de las partes; el Ministerio Público debe actuar de oficio en esos casos.

Para fortalecer la credibilidad judicial es preciso que la Suprema Corte conozca, en última instancia, los procedimientos penales contra los jueces y debe ejercer la atracción obligada de las sentencias de amparo en revisión, en los casos en que cualquier autoridad haya incurrido en algún delito contra la administración de justicia.

La suspensión en el amparo, que tiene como objetivo evitar el abuso de la autoridad, debe contener plazos perentorios en su vigencia, obligando al amparista a someterse inmediatamente al Poder Judicial para dirimir su situación legal y, así, erradicar las múltiples dilaciones desmedidas que se dan ­cotidianamente.

Para evitar que en el juicio de amparo el proceso se haga interminable y sospechoso, los jueces y magistrados deberán invariablemente sentenciar a fondo y sobre la totalidad del asunto.

En todos los juicios es primordial y apremiante que la reparación del daño se garantice de inmediato y se cumpla en un plazo mínimo y obligado, para que así se recupere la confianza en la justicia.

Cuando existan evidencias de encubrimiento o de corrupción en la investigación y judicialización de los delitos cometidos por servidores públicos municipales, estatales y federales, en el ejercicio de sus funciones, estos casos podrán ser atraídos por la Federación.

Estas propuestas es necesario promoverlas de inmediato ante el Poder Legislativo, para que realmente se empiece a contener la impunidad y se reivindique y fortalezca el Poder Judicial.

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