Gobierno de Evo Morales denuncia intento de golpe de Estado

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La Paz. El gobierno de Evo Morales denunció el viernes “un intento de golpe de Estado” y acusó a los opositores de confabularse para derrocarlo tras un motín policial en al menos dos regiones, parte de la agitación que sacude a Bolivia luego de las elecciones presidenciales.

“El Gobierno de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional, que algunos dirigentes políticos, impulsan un plan de Golpe de Estado con la toma del Palacio de Gobierno”, advirtió la Cancillería en un comunicado.

En el texto se acusa al líder cívico Luis Fernando Camacho y al expresidente Carlos Mesa, quien quedó en segundo sitio en las elecciones del 20 de octubre, de encabezar la conspiración. El gobierno exhortó “a la comunidad internacional a coadyuvar en la preservación del orden constitucional en el país”.

Morales ha venido denunciado el supuesto plan golpista desde que estallaron los conflictos tras los comicios, en los que se declaró triunfador a pesar de las acusaciones de un posible fraude.

Ni Camacho ni Mesa salieron a declarar de inmediato.

Por su parte, el ministro de Defensa Javier Zabaleta descartó “en este momento” una intervención militar tras un motín de policías que se extendía el viernes en la noche. En varias ciudades salieron manifestantes a las calles para apoyar la rebelión policial.

“No se hará ninguna operación militar en este momento. Está descartado”, declaró a la prensa Zabaleta tras una reunión de emergencia convocada por el mandatario luego de un motín iniciado por un grupo de policías en la ciudad de Cochabamba. En la reunión participó el Alto Mando Militar, que esta semana emitió un comunicado manifestando que “las Fuerzas Armadas velarán por el mantenimiento de la democracia y la unidad del pueblo boliviano”.

En el comunicado no se mencionó un apoyo al gobierno de Morales.

Zabaleta reconoció que “el motín policial se dio en algunos departamentos (regiones)... Estamos viendo cuál es el malestar”.

En tanto, centenares de ciudadanos y opositores se aglomeraban el viernes en la noche frente a cuarteles policiales en varias ciudades del país, con el fin de presionar a los policías a que “sigan el ejemplo” de un grupo de agentes que más temprano se amotinaron en la tercera semana de protestas sociales.

Las televisoras mostraron a 18 policías con casco y pasamontañas en el techo del cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales. Agitaban banderas y entonaban el himno nacional ante un numeroso grupo de gentes que les aplaudía desde una avenida en Cochabamba, en el centro del país.

Más policías en otras ciudades se replegaban a sus cuarteles sin hacer declaraciones, según las imágenes de las televisoras. En la ciudad sureña de Sucre, el suboficial Edgar Ticona declaró a medios de prensa que están esperando instrucciones.

“Lo que se disponga a nivel nacional, vamos a someternos”, afirmó ante una concentración de gente que pedía que se amotinen.

El comandante de la Policía, general Yuri Calderón, dijo que no hay un motín policial y que el caso de Cochabamba fue “aislado” porque allí los agentes pidieron la renuncia del comandante, que ya fue relevado.

“Hay normalidad en el resto del país y esperamos que los servicios sean retomados”, dijo en declaraciones a la prensa.

Minutos después, policías de Santa Cruz, bastión opositor, colocaron un cartel en el frontis de su cuartel anunciando que estaban amotinados.

En los últimos días, policías de base declararon que, desde el estallido de los conflictos, están acuartelados sin condiciones suficientes para cumplir sus tareas.

Opositores han cuestionado a la policía por no actuar preventivamente para evitar los violentos choques entre opositores y oficialistas que hasta ahora han dejado tres muertos y más de cien heridos, y han criticado que intervienen sólo en casos extremos.

En Cochabamba, manifestantes opositores quemaron la sede de los cocaleros del Chapare, el bastión de Morales. Los cocaleros que respaldan al mandatario llegaron el miércoles desde sus regiones a esa ciudad para enfrentar a los opositores.

Mientras tanto, en La Paz, el líder cívico Camacho aumentaba su presión sobre Evo Morales, a quien pide su renuncia bajo la acusación de fraude electoral. El dirigente fue ovacionado el viernes por centenares de ciudadanos y activistas opositores, que apoyaban su decisión de entregar al gobernante una carta de dimisión tras las muertes de opositores en las protestas.

Camacho cuenta con apoyo de organizaciones sociales y sindicales opositoras. La víspera fue ovacionado por cocaleros rebeldes al mandatario.

Este abogado y empresario de 43 años, presidente del influyente Comité Cívico de Santa Cruz, desconocido hasta hace unos meses, pasó a liderar las mayores protestas contra el mandatario y está articulando a más sectores descontentos. Líderes políticos opositores han sido relegados a un segundo plano.

“No nos vamos a mover (de La Paz) hasta que nos reciba el propio presidente... La carta es el sentimiento de todos”, exigió Camacho, y anunció que el lunes llevará la misiva acompañado de gran movilización.

Hasta hace una semana, Camacho era considerado un jugador de ligas menores, pero captó la atención del país cuando el sábado desafío el poder de Morales, le exigió la renuncia y le dio un plazo de 48 horas. Llegó el lunes a La Paz para entregar la carta en medio de manifestaciones de apoyo y el rechazo de seguidores del mandatario.

Más temprano, Morales aseguró que no renunciará y acusó a los opositores de confabularse para derrocarlo.

“No voy a renunciar”, afirmó en un acto púbico, y convocó a todos los movimientos sociales que lo respaldan a “defender nuestro proceso de cambio”.

El país vive en convulsión social desde los comicios, con multitudinarias marchas y manifestaciones callejeras en contra y a favor del mandatario, que aún mantiene un importante respaldo, sobre todo en sectores rurales indígenas y en barriadas.

Tras 14 años en el gobierno, Morales llegó a las elecciones con la popularidad mermada y con la intención de optar por un cuarto mandato. Escándalos de corrupción, su afán de reelegirse a pesar de un referendo que le negó esa posibilidad, y acusaciones de autoritarismo debilitaron su capital político a pesar de su buena gestión económica, que condujo al país hacia el crecimiento con baja inflación.

Una comisión de la Organización de los Estados Americanos realiza una auditoria electoral cuyo resultado se conocerá la próxima semana. Algunos grupos movilizados apuestan a que ese informe pueda apaciguar la tensión, pero otros son escépticos.

 

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