Diputados aprueban documento sobre salario de funcionarios públicos

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Ciudad de México. La propuesta presidencial tendiente a regular los salarios de los funcionarios públicos, con objeto de que nadie gane más que el titular del Poder Ejecutivo –cuyo ingreso tabular es de 108 mil pesos al mes-, quedó plasmada ya en el proyecto de decreto de reforma a los artículos 116 y 17 de la Constitución, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados. Entre los integrantes del grupo de trabajo, de cuya sesión ayer prevaleció el reconocimiento al gobierno federal, en la promoción de un marco normativo tendiente a acotar los excesos salariales.

El documento aprobado con 16 votos de los diputados de Morena y Partido del Trabajo, con cinco abstenciones, como cualquier otra norma podrá ser controvertida por el amparo, no obstante, los diputados ya contemplan la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones para responder a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que demandó la implantación de un tabulador por el cual se establezca el salario del presidente.

Así la modificación propuesta al artículo 116, fracción II, en su cuarto párrafo, establece que corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Y las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Por tanto, en el quinto párrafo (del mismo artículo 116) plantea que los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que, en su caso, percibirán sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados; establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Por derivación, la reforma sugerida al Artículo 127, plantea agregar los términos de “personas de derecho público” y “órganos” a los que la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía.

Pablo Gómez Álvarez (Morena) adujo que el artículo 127 abarca todos los estados de la República, no sólo el primer párrafo, también sus fracciones, “pero dicen que no”, lo cual genera un conflicto y una situación en la cual hace tiempo estábamos de acuerdo, porque ganaba mucho, pero ahora que no gana existe el problema”. El problema –abundó- no es si se puede ganar o no más que el Presidente, sino la cuantía: “El mandatario de un país como éste no puede ganar lo que antes percibía y eso es lo que no se quiere aceptar, se quiere volver a lo que antes era, en una posición reaccionaria”.

El representante Gómez, también consideró necesario modificar el segundo artículo transitorio, para señalar que las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido en la fracción segunda del párrafo segundo del artículo 127 de esta Constitución deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto.

Para el panista Marcos Aguilar Vega, la propuesta de regular las remuneraciones de los servidores públicos es plausible, no obstante, existen áreas que deben ser atendidas, para garantizar su propósito. Planteó crear una institución que determine con base en estudios técnicos el salario del Presidente de la República y, en consecuencia, tenga la posibilidad de trabajar en conjunto con cada poder público, con cada institución de la administración pública federal, organismos constitucionales autónomos y cualquier institución de carácter público.

La decisión el presiente “manda un mensaje político y social muy valioso para los mexicanos, pero con independencia de que es una facultad que le atribuye la Constitución y la legislación secundaria, hay que profundizar más ante la posibilidad de que otro presidente de la República no tenga el mismo perfil o pensamiento en relación con las remuneraciones de los servidores públicos.”

En su turno Martha Tagle (MC) reprochó el contenido del dictamen, pues no incluye –dijo- un sistema de tabuladores para establecer sobre qué se va a fijar el tope salarial, “pues ahorita hay un presidente comprometido con la austeridad y ha decidido establecerse un salario de 108 mil pesos; pero qué va a pasar si llega otro que decida ganar 500 mil y todos los demás salarios van a estar conforme al del presidente “o viceversa, lo que pasó en Estados Unidos, donde el presidente dijo que va a ganar un dólar ¿qué pasaría con todos los funcionarios que estén por debajo de él?”.

Alejandro Viedma (Morena), reiteró el mensaje que los representantes de ese partido han expresado, porque se pondrá punto final a los altos privilegios en el servicio público, que debe ser una actividad honesta, no para enriquecerse a costa del dinero del pueblo, y utilizarlo para generar igualdad y justicia.

“Hemos sido testigos de estrategias legales de algunos funcionarios para impedir el avance de la austeridad, pero esta reforma establecerá explícitamente la presupuestación de las próximas remuneraciones, las cuales deberán ajustarse estrictamente a esta disposición”.

En esa tónica, su compañera Lidia García (Morena) repitió que hay remuneraciones de funcionarios que son ofensivas para los trabajadores mexicanos que en ocasiones ganan dos o uno o tres salarios mínimos, por lo que dijo estar de acuerdo con el dictamen que busca regular las remuneraciones de los servidores públicos

Silvano Garay Ulloa (Partido del Trabajo) dedico su intervención a la rememoración histórica porque “la moderación de la riqueza y la opulencia estuvieron en la visión de Morelos desde hace más de 200 años, en Los Sentimientos de la Nación.”

 

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