Gobernación se achica frente a la poderosa SSPC de Durazo

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Ciudad de México. Con la creación de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación (SG) quedó con una limitada estructura y presupuesto, el cual será todavía más compacto en 2020.

En 2017, a esta dependencia le fue asignada una partida de 58 mil 187 millones de pesos; en 2018, la otrora “supersecretaría” tuvo 64 mil 288. Para 2019, si bien aparece con 60 mil 783, debió canalizar la mayor parte de recursos humanos y materiales a la citada Secretaría de Seguridad y quedar en términos reales con 6 mil millones de pesos.

Para el año entrante, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación le asigna 5 mil 804 millones de pesos.

Son pocas áreas las que registran avances en recursos, como la Comisión Nacional de Búsqueda, la comisión para el caso Ayotzinapa, y el Registro Nacional de Población. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que clama por más recursos para atender la demanda sin precedente de extranjeros, pasa apenas de 20 a 27 millones.

La estrategia de migración, derivada del acuerdo firmado con Estados Unidos, en junio pasado, está en manos de la cancillería.

Si bien en las mesas estratégicas está el Instituto Nacional de Migración (INM), las conversaciones de alto nivel en Washington son encabezadas, por parte de la delegación de México, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Con los cambios en la administración pública y el plan de austeridad del gobierno del presidente López Obrador, la SG se vio disminuida incluso en otras de las áreas antes predominantes como la comunicación social. La dirección general correspondiente fue eliminada (en su lugar hay sólo un grupo compacto para atender el tema) y la producción de eventos especiales (conocida como Cepropie) fue adscrita a la Presidencia de la República.

A la Secretaría de Seguridad se envió a otro importante bastión antes a cargo de la SG: la protección civil, así como áreas importantes de decisión como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y lo concerniente a los penales federales, por citar algunas.

De seis subsecretarías operadas en la administración anterior, ahora esta dependencia tiene tres; por tanto, áreas como normatividad de medios (donde se hallan radio, televisión, cinematografía y medios impresos) o enlace legislativo pasaron de nivel subsecretaría a direcciones.

Poco queda de la dependencia empoderada del sexenio pasado, cuando además de los aspectos de gobernabilidad dirigía al gabinete de seguridad nacional.

En los actos públicos, la titular de la SG, ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, participa en la relación con el Legislativo, los gobernadores y los grupos políticos y sociales, principalmente, según se destaca en las redes sociales de la dependencia.

La parte de derechos humanos –en especial el problema de los miles de desaparecidos en el país, el caso Ayotzinapa, el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como lo relacionado con las políticas de población y la pretendida cédula de identidad– la lleva el subsecretario Alejandro Encinas.

La subsecretaría de Gobierno la encabeza Ricardo Peralta, ex jefe de Aduanas, área en la que debe atender lo relacionado con Juegos y Sorteos, emisión del Diario Oficial de la Federación, y la relación con legisladores y las organizaciones sociales, entre otras funciones.

En tanto, la subsecretaria Diana Álvarez atiende el desarrollo democrático y participación social y los asuntos religiosos.

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