Tras acuerdo con EU, México se convirtió en muro de Trump, acusan ONGs

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Ciudad de México. A lo largo de los 90 días del acuerdo binacional en materia migratoria, México “se ha convertido en el muro fronterizo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues a partir de ese convenio se han desprendido una serie de violaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano, incrementando sustancialmente su vulnerabilidad.

Así lo señalaron más de 100 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales en una carta enviada tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al canciller Marcerlo Ebrard Casaubón, a unas horas de que esta tarde la delegación mexicana se reúna en Washington con funcionarios del gobierno estadunidese para evaluar los alcances del acuerdo, suscrito el pasado 7 de junio.

En el documento, las organizaciones subrayaron que el encuentro binacional representa una oportunidad para que la delegación mexicana, encabezada por Ebrard, abogue por una política migratoria apegada a derechos humanos y así, el gobierno de México deje de colaborar con las políticas xenofóbicas de la administración de Trump, o de lo contrario, advirtieron, la crisis humanitaria que viven los migrantes en territorio mexicano sólo se profundizará.

“Es momento de que México deje de implementar una política que sirve a los intereses antiinmigrantes de Estados Unidos y que lo aleja de los principios que históricamente ha impulsado con su política exterior. Continuar cediendo a las presiones estadunidenses y aceptar la ampliación del programa Quédate en México o nuevas políticas enfocadas en el endurecimiento de las políticas migratorias y en obstaculizar el acceso al asilo y protección internacional sólo traerá más abusos y violaciones a derechos. México tiene la oportunidad de ser firme e implementar una política verdaderamente soberana de derechos humanos”.

La misiva es firmada por Sin Fronteras IAP, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Servicio Jesuita con Migrantes, el Instituto para las Mujeres en la Migración. Human Rights Firts, Oxfam, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Voces Mesoamericanas Acción con los Pueblos Migrantes y decenas de organizaciones más.

Indicaron que las acciones que se desprendieron a partir de la firma del acuerdo bilateral se han traducido en retenes y revisiones “arbitrarias, discriminatorias e ilegales” contra migrantes por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional. El uso de ésta última para acciones de control migratorio “muestra cómo el gobierno mexicano ha decidido militarizar un fenómeno que debería atenderse desde una perspectiva humanitaria y no de seguridad”.

Aunado a ello, subrayaron, México también aceptó –antes del acuerdo— recibir en su territorio a los extranjeros que han solicitado asilo en Estados Unidos en lo que ese país da respuesta a su trámite, con el llamado programa Quédate en México.

Esta iniciativa “ha fomentado una migración insegura, irregular y desordenada, contrario a los objetivos del Pacto Mundial de Migración en los que México dice basar su política migratoria”.

Indicaron que se ha advertido que ese programa atenta contra la seguridad y bienestar de las personas, la unidad familiar y el debido proceso. Por ejemplo, Human Rights First documentó recientemente más de 140 casos de personas retornadas a México para esperar su proceso migratorio y que fueron víctimas de secuestro, violación, abuso sexual, entre otros crímenes violentos. Mientras que Women’s Refugee Commission presentó una queja ante el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en la que acreditó 20 casos de familias separadas.

“La participación de México en esta política lo hace cómplice de todas las violaciones a derechos humanos que implica”.

Otro de las violaciones a derechos humanos en las que México está incurriendo por su política migratoria implementada a partir del acuerdo son los llamados “rescates” en los que participa el INM.

“El incremento de los llamados ‘rescates’ a migrantes abren interrogantes sobre si estas acciones, que son un eufemismo para aprehensión, se realizan con apego a derecho. Nos preguntamos: ¿Cuál ha sido el trato que se le ha dado a las personas aprehendidas? ¿Cuántas han sido reconocidas como víctimas? ¿Qué se ha hecho para la reparación y restitución de derechos y la reparación del daño? En particular, si casi el 40 por ciento eran menores de edad, ¿dónde están ahora? ¿Las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes atendieron sus casos? Sin esta información parece que estos llamados ‘rescates’ son una manera de enmascarar aprehensiones y deportaciones que no se ciñen al debido proceso ni a estándares internacionales para la detección de personas en necesidad de protección”.

Reconocieron el compromiso de México con el desarrollo a largo plazo de Centroamérica. Aunque, advirtieron, se deben revisar algunas de las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora, pues los recursos del Fondo México “han sido utilizados para ampliar centros de detención para migrantes, lo cual es una desviación de su verdadero propósito: fomentar la prosperidad de México y de la región”.

Sumado a ello, la estrategia implementada “es insuficientes”, ya que se enfoca en atender las causas económicas, dejando de lado que un gran número de personas huyen de la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción en sus países de origen.

Las organizaciones firmantes censuraron los “logros” a partir del acuerdo migratorio presentados el viernes pasado por Ebrard durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Están muy lejos de representar una política de derechos humanos, integral y que ponga en el centro a las personas migrantes.

“Los supuestos avances representan, en gran medida, retrocesos a los compromisos asumidos por México. A 90 días, el gobierno mexicano tiene poco que festejar y mucho que reflexionar sobre el camino que ha tomado su política migratoria —la cual hoy en día tiene una perspectiva de seguridad, centrada en acciones de control, detención y deportación—, así como sobre la relación que va a mantener con el gobierno del presidente Trump. Aún hay tiempo para cambiar de rumbo, para detener las violaciones a los derechos de los migrantes y dar una respuesta humana”.

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