Seguridad, base del plan migratorio: Consejo de la CNDH

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Ciudad de México. Al enviar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener los flujos migratorios, el gobierno mexicano da prioridad a una política migratoria basada en la seguridad, señaló el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esta mañana esa instancia del organismo nacional, conformado por 10 destacadas personalidades, manifestó su preocupación por el hecho que tras los acuerdos alcanzados por el gobierno de Estados Unidos la semana pasada -y con ello evitar el cobro de aranceles a productos mexicanos como lo había amenazado el presidente Donald Trump- la administración de Andrés Manuel López Obrador base la estrategia migratoria en la seguridad y no en el respeto a la dignidad de las personas y los principios de igualdad y no discriminación.

Consideró que el envío de la Guardia Nacional para reforzar los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste mexicano detona una política de seguridad; además que se ha demostrado que no existe aún una claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación.

"Reconocemos que desde finales del año pasado y lo que ha transcurrido en este año, se han incrementado en México de manera importante los flujos migratorios de diferentes nacionalidades, llegando a cifras que han rebasado las capacidades de las autoridades migratorias, lo que ha dificultado transitar a una migración segura, ordenada y regular, como lo establece el Pacto Mundial suscrito por los países miembros, incluido México, en Marruecos el 10 de diciembre de 2018 y adoptado posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La migración es patrimonio cultural de la humanidad".

El Consejo Consultivo de la CNDH está conformado por Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Alberto Manuel Athié Gallo, Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez, Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, la embajadora Carmen Moreno Toscano, María Olga Noriega Sáenz y José de Jesús Orozco Henríquez, todos ellos elegidos por el Senado. Es presidido por el ombudsman en turno, en este caso Luis Raúl González Pérez, y el secretario técnico actualmente es Joaquín Narro.

Los expertos llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la política migratoria sea guiada por los principios de igualdad y no discriminación.

"El respeto a los derechos humanos que solicitamos del país del norte hacia nuestros connacionales debe corresponder con el que se otorgue a los miles de extranjeros que ingresan y transitan por nuestro país. La dignidad de la persona y la solidaridad internacional son principios fundamentales que se deben incluir en la conformación de la nueva política pública migratoria que tienda a cumplir con los objetivos de lograr una migración ordenada, segura y regular en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos".

También se refirieron a la decisión de la administración federal para recibir en territorio mexicano a un mayor número de personas centroamericanas solicitantes de asilo en Estados Unidos en tanto se resuelve su proceso migratorio, lo que, subrayaron, "hace necesario crear una política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y asistencia humanitaria, dando respuesta no solamente a dichas personas extranjeras, sino también a cientos de connacionales que son repatriados a nuestro país y que requieren de asistencia para reintegrarse a la sociedad, así como reconocer y apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas del migrante que en las ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las personas retornadas".

Coincidieron con el planteamiento de que se necesita crear mecanismos de desarrollo que den respuesta a la problemática migratoria en sus orígenes y de manera regional, con acciones en las diversas naciones centroamericanas y en el sur de México tendientes a evitar la migración forzada, teniendo como eje principal en las mismas la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos humanos.

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