Veracruz: criminalizan la asistencia humanitaria al éxodo migrante

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Córdoba, Ver. Activistas denunciaron que agentes de Migración y de la Policía Federal amenazaron con iniciar procesos judiciales contra el sacerdote Julián Verónica, de la Parroquia de Paraje, Amatlán de los Reyes y la edil de Córdoba, Leticia López Landero, por apoyar la asistencia humanitaria del éxodo de migrantes centroamericanos en su paso por el centro de esta entidad.

Agregaron que el intento de criminalizar las acciones de apoyo en esta emergencia representa un cambio drástico en la política de atención a la situación de los centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos, que hasta el viernes recibieron la atención y el paso libre por parte de las corporaciones policiacas en territorio oaxaqueño y veracruzano.

Pese a las declaraciones públicas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien aseguró vía redes sociales que el gobierno daría asistencia humanitaria, los integrantes de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Veracruz, fueron calificados como “polleros” -traficantes de personas-, inhibiendo así las acciones de por sí complicadas ante la dispersión de la caravana en el tramo más riesgoso para migrantes y no migrantes de la entidad.

Grabado de Alfredo López Casanova

La alcaldesa de Córdoba había contratado 10 camiones para dar certeza del tránsito hacia Puebla a mujeres, niños y familias completas, tras una larga jornada de traslado desde el sur de Veracruz, pero fueron cancelados tras recibir presuntas amenazas de la policía estatal de frenar esta acciones, lo que inhibe la capacidad de ayuda de las autoridades locales.

Los activistas informaron que al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dijo estar “profundamente consternada" por la desprotección en que se ha dejado a la Caravana Migrante en Veracruz.

Lo anterior, luego de que la oferta de traslado humanitario del gobierno estatal a la Ciudad de México fuera cancelada, y que ha resultado en su fragmentación, cuya unidad, aseguró el organismo, era su principal fuente de protección, por lo que “una gran parte de las personas de la Caravana están no localizadas".

En un comunicado, indicó que según información recabada en el terreno actualmente las personas migrantes están subiendo en camionetas privadas, “mismas que no se sabe si pertenecen a grupos del crimen organizado, en un estado en el que sin necesidad de situaciones extremas, como la actual, se reportan de manera regular secuestros y desapariciones de personas migrantes, a menudo destinados a trata de personas”.

La ONU-DH señaló que es preciso garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del Comité de Trabajadores Migratorios en relación con la protección de las personas migrantes de las caravanas que actualmente cruzan el territorio nacional.

Grabado de Alfredo López Casanova

La Misión de Observación en Derechos Humanos del Éxodo Migrante-Veracruz, condenó la indefensión a la que orillaron a los integrantes del éxodo y las amenazas e intimidaciones de policías estatales y federales, así como de agentes migratorios a choferes, ciudadanos, colectivos, defensores de derechos humanos, ciudadanía, pastores, sacerdotes y personas que solidariamente han respondido ante la necesidad de asistir a los migrantes vulnerados.

Esta condena la firmaron y difundieron el Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño”, Sur de Veracruz; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, de Orizaba; Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; la Red Unidos por los Derechos Humanos; Pastoral social de Paraje; el Colectivo Vive Migrante de Amatlán y las Redes de Resistencia y Rebeldía de Xalapa.

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