Condenan en Ecuador a 8 años de prisión al ex presidente Correa

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Miércoles 8 de abril de 2020. Quito. El ex presidente Rafael Correa (2007-2017) fue condenado ayer a ocho años de prisión por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que lo encontró culpable de corrupción en la causa Sobornos 2012-2016, y dictó otras sentencias contra 19 ex funcionarios y empresarios, en medio del colapso por la pandemia del Covid-19.

Correa replicó desde Twitter: de seguro ganaremos en las instancias internacionales y aseguró que todo esto es falso. Pidan algún contrato o egreso que se haya dado por pago a la persona responsable del mismo... no existe. No se ha probado nada. Son los jueces prepagos.

En declaraciones al canal ruso RT, donde tiene un programa, el ex mandatario afirmó que la determinación judicial se produjo para limitar sus aspiraciones electorales y desviar la atención de la emergencia sanitaria y de la crisis de los cuerpos insepultos en el puerto de Guayaquil.

El gobierno de Lenín Moreno, quien desarticuló los programas sociales de Correa, no podrá solicitar la extradición del ex gobernante, quien vive en Bélgica, hasta que la sentencia esté en firme.

El fallo añade que para Correa, Jorge Glas Espinel (ex vicepresidente) y otros ex funcionarios se determinan las penas privativas de libertad de ocho años, a cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 del Código Penal.

Correa reside en Bélgica desde mayo de 2017, luego de traspasar el poder a su entonces amigo Lenín Moreno, de quien se distanció en medio de acusaciones mutuas. Glas está preso por corrupción relacionada con el caso Odebrecht.

También fueron sentenciados a ocho años de prisión Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia; María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte; Walter Solís, ex secretario del Agua; Vinicio Alvarado, ex secretario general de la Administración; Viviana Bonilla, ex gobernadora de Guayas, y Christian Viteri, ex legislador.

Diez empresarios también fueron condenados a la misma pena. Pamela Martínez, ex asesora presidencial y testigo protegido de la Fiscalía, fue condenada a 38 meses y 12 días de cárcel por su colaboración en el caso, mientras su asistente, Laura Terán, recibió 19 meses y seis días de prisión, por ser cómplice.

Correa fue acusado de ser la cabeza de una estructura criminal que recibía sobornos de empresarios para financiar campañas de su partido, Alianza País, a cambio de otorgar contratos de obra pública.

Según la fiscal Diana Salazar, en la cúspide de la estructura criminal estaba Correa y a partir de ahí sus funcionarios ejecutaban las órdenes que daba.

Salazar argumentó en el proceso que entre 2012 y 2016 esa trama recaudó un monto superior a 7.5 millones de dólares: 6.5 millones por el mecanismo de cruce de facturas y 1 millón de dólares en efectivo.

El juez Iván León señaló que las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron probar que los sobornos entregados fueron reportados al nivel jerárquico superior de la organización, es decir, al entonces presidente Correa y su vicepresidente Glas.

Por esto, el tribunal confirmó –más allá de cualquier duda razonable– la responsabilidad de los procesados en la estructura de corrupción investigada por la Fiscalía, según el fallo.

La sentencia ordena, como reparación integral al Estado, la publicación del texto en tres diarios de circulación nacional y el decomiso de bienes inmuebles de todos los sentenciados.

El tribunal señaló que la resolución suspende los derechos políticos de todos los implicados durante 25 años.

Además de la prisión y el pago por daños y perjuicios, la condena contempla como reparación integral la colocación de una placa en el edificio de la Presidencia de la República, ofreciendo disculpas públicas.

Correa subrayó irregularidades en el proceso, ya que la secretaria del fiscal estuvo en contacto con el presidente del tribunal y se enviaron información sobre el juicio, por lo que confió en que lo vamos a ganar en instancias internacionales.

En otro tuit escribió: un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador encontró una forma de correr el eje de atención sobre los cadáveres regados en las calles de Guayaquil luego de que la pandemia del coronavirus saturó el sistema sanitario y lo acompañó con la noticia de su condena.

La legislación ecuatoriana determina que el delito de cohecho no prescribe y puede ser juzgado en ausencia de los acusados.

El derrocado ex presidente de Bolivia Evo Morales expresó su “completa solidaridad con el compañero @MashiRafael, quien es víctima de una persecución política sin límites. El pueblo ecuatoriano reconoce lo mucho que has hecho por él y por la patria grande. ¡Hasta la victoria, siempre!”

El ex presidente colombiano Ernesto Samper tuiteó que lo que están haciendo con Correa es lo mismo que hicieron con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil: Secuestrarlo judicialmente porque le tienen miedo electoralmente. Además de un adefesio jurídico es un acto de cobardía política. ¡Seguimos con Correa!

La sentencia que se dictó en una sesión por Internet se conoció en medio de una rigurosa cuarentena impuesta por el gobierno para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

En ese contexto, pobladores de Guayaquil denunciaron que los 2 mil ataúdes donados por la asociación de cartoneros de ese país para hacer frente a la crisis de los cuerpos no sepultados no están solucionando la crisis de las morgues, informó RT.

Debido a la tardanza en el levantamiento de los cuerpos a cargo de las autoridades, la solución de los ataúdes de cartón no está funcionando porque se mojan o se deshacen, según relatan familiares de los fallecidos en Guayaquil, epicentro de la crisis en Ecuador, donde ya se contabilizan 4 mil contagios, muchos de ellos profesionales sanitarios. El clima tampoco ayuda, pues en los últimos días se han reportado lluvias.

Los cadáveres abandonados van a ayudar a que esta pandemia viral se transforme en otro tipo de enfermedades provocadas por la descomposición de los cadáveres, advirtieron médicos.

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