Derechos laborales, sofocados y anulados en Estados Unidos

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Nueva York. Con todo el enfoque en los derechos laborales en México en torno al debate para la aprobación del nuevo tratado de libre comercio entre los tres países de América del Norte, ha quedado notablemente ausente la discusión, violación y anulación sistemática de esos derechos en Estados Unidos.

Es el país industrializado que más ha atacado y socavado los derechos laborales básicos. Según la evaluación anual de derechos laborales a nivel mundial elaborada por la Confederación Sindical Internacional, Estados Unidos está entre el grupo de países definidos por sus “violaciones sistemáticas de derechos” y colocado en la agrupación de naciones en donde se determina que “el gobierno y/o las empresas promueven esfuerzos serios para aplastar la voz colectiva de los trabajadores poniendo a los derechos fundamentales bajo amenaza”. Es el mismo grupo en que se coloca a México. [https://www.ituc-csi.org/indice-derechos-2019].

Es el único país “avanzado” en no garantizar licencia por maternidad, que carece de leyes garantizando el derecho a vacaciones, y sólo junto con Corea del Sur, que no garantiza días pagados por enfermedad. A la vez, tiene el salario mínimo más bajo como porcentaje del salario medio entre todos los miembros de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo.

Más aún, trabajadores del sector agrario y trabajadores domésticos -en gran medida inmigrantes- están excluidos de la jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la agencia federal encargada de vigilar, junto con el Departamento del Trabajo, el cumplimiento de las normas laborales.

Estas condiciones, en gran medida, son resultado de estrategias empresariales y políticas anti-sindicales impulsadas desde fines de los setenta y de manera más agresiva bajo Ronald Reagan. Ahora son intensificadas -a pesar de su retórica populista- con Donald Trump.

Aunque técnicamente existen derechos a la sindicalización, investigaciones del Instituto de Políticas Económicas (EPI) y de la Universidad de Harvard detectaron que a nivel nacional las estrategias empresariales antisindicales violan estos derechos sistemáticamente. Detectaron en años recientes que ante esfuerzos de sindicalización, un 56 por ciento de los patrones amenazaron en clausurar operaciones, un 47 por ciento con reducir sueldos y prestaciones y un 34 por ciento despidieron a trabajadores prosindicales durante campañas para agremiarlos en violacion explícita de la ley.

Hoy día, más de la mitad de todos los trabajadores que lograron establecer un sindicato no gozan de un contrato colectivo un año después, una táctica empresarial común para desalentar el movimiento. Más aún, aunque la ley otorga el derecho a la huelga en el sector privado, fallos judiciales permiten que las empresas sustituyan permanentemente a los huelguistas al contratar nuevos empleados.

Mientras tanto, maniobras empresariales para clasificar a sus trabajadores como “contratistas” en lugar de empleados, permiten evadir las protecciones laborales -algo que se ha hecho recientemente con choferes de Uber y con franquicias de comida rápida entre otras empresas, todo aprobado por la Junta Laboral bajo Trump.

Como resultado no sorprende que Estados Unidos se distingue entre los países avanzados por tener hoy día el sector sindical más débil, solo con una tasa de sindicalización del 10.5 por ciento de la fuerza laboral, y de solo el 6.4 por ciento en el sector privado [https://www.bls.gov/news.release/union2.htm].

Aunque algunos argumentan que los sindicatos se han debilitado por un rechazo público resulta que en la encuesta más reciente de Gallup, un 64 por ciento de los estadunidenses aprueba a los sindicatos, uno de los niveles más altos registrados desde 1970.

“En ningún otro país industrializado las empresas combaten tan duro para mantener fuera a los sindicatos”, explica Steven Greenhouse, destacado reportero laboral y autor de libros sobre el tema.

Estas políticas antisindicales han contribuido directamente a la explosión de la desigualdad de riqueza que ha llegado a niveles sin precedente en casi un siglo y que ahora define la economía estadunidense. En 1954, la tasa de sindicalización era del 35 por ciento y fue durante ese periodo que se redujo la desigualdad en ingresos a su nivel más bajo durante el ultimo siglo. De hecho, el salario por hora para el trabajador promedio hoy es inferior al de 1973 en términos reales.

Greenhouse, en su reciente libro Beaten Down, Worked Up, resume lo ocurrido: “la parte del ingreso nacional que se va en ganancias empresariales ha escalado s su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que la parte del ingreso para los trabajadores (compensación de empleados incluyendo prestaciones) se ha deslizado a su nivel más bajo desde los años cuarenta”.

Y esa ofensiva antisindical de décadas se ha incrementado en años recientes, con gobernadores republicanos en varios estados anulando derechos de trabajadores del sector público y con 25 estados con leyes bautizadas de “derecho al trabajo” diseñadas específicamente para minar los derechos sindicales.

A nivel federal, la ofensiva antisindical bajo Donald Trump es promovida desde el Departamento de Trabajo -ahora dirigido por un secretario, Eugene Scalia, que desde siempre ha promovido los intereses empresariales- y por la entidad creada durante la era de Roosevelt para garantizar los derechos laborales, la Junta Nacional de Relaciones Laborales. “Bajo Trump éstas se han convertido en la guardia de avanzada para destripar esos derechos’, reporto el Los Ángeles Times recientemente.

Mark Anderson, veterano estratega sindical quien, como director de Investigaciones Económicas de la central obrera AFL-CIO guió la posición sindical estadunidense durante el gran debate trinacional sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a principios de los noventa, comentó en entrevista con La Jornada de que bajo el régimen de Trump, “se está haciendo en Estados Unidos exactamente lo opuesto a lo que se le está exigiendo a México sobre derechos laborales” en la actual negociación del acuerdo comercial.

Anderson, quien tambien fue asesor del liderazgo del sindicato nacional siderúrgico USWA y del de alimentos UFCW, concluyó que “el gobierno de Trump está dedicado a destruir los derechos laborales en Estados Unidos mientras se le exige a México aplicar medidas que serían más bien las que se deberían promover aquí en beneficio de los trabajadores estadunidenses”, afirmó.

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