Piñera solicita a Parlamento chileno facultades para apoyo de militares

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 Santiago. El presidente Sebastián Piñera concretó hoy el envío al Parlamento de un proyecto de ley que lo faculta a sacar a la calle a los militares, mientras la organización Human Rights Watch (HRW) concluyó que en la represión de la protesta social “se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención”.

Chile fue escenario ayer de una nueva jornada de huelga general que movilizó a miles de trabajadores de los sectores público y privado, afectando servicios como el portuario y del transporte, a la vez que por todo el país se realizaron manifestaciones, marchas y un “caceroleo” generalizado en horas de la noche.

De aprobarse la pretensión gubernamental, que Piñera justifica en la necesidad de proteger lo que describe como “infraestructura crítica”, no sería necesario que se decrete un estado de excepción, restringiendo garantías constitucionales como el derecho a reunión o movilización, como sí ocurrió en octubre cuando estallaron las movilizaciones sociales.

La iniciativa, cuya aprobación es incierta porque el oficialismo no dispone de mayorías ni el Senado ni en la Cámara de Diputados, fue ingresada para “discusión inmediata”, es decir, debe tramitarse en un plazo de seis días en cada una de las cámaras. Pero ha puesto presión a parlamentarios opositores por el argumento de que colocar a los militares a cuidar servicios como el agua potable o la electricidad, supuestamente amenazados, permitiría destinar más policías a restablecer el orden público, una demanda creciente de la población que ha visto la incapacidad gubernamental en impedir saqueos, pillaje y el vandalismo que han contaminado la legitimidad del alzamiento social iniciado el 18 de octubre.


Otro lapidario informe

HRW entregó a Piñera un informe de 18 páginas con testimonios e imágenes, elaborado tras entrevistar a 70 víctimas de la violencia policial, además de carabineros, médicos, abogados y representantes de la sociedad.

"Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deber ser pronta y rigurosamente investigadas”, dijo la ONG.

Agregó que “el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ellos que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente".

El informe calificó “particularmente alarmante” el uso de escopetas en forma indiscriminada y que pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto. "La escopeta antidisturbios causó más de 220 lesiones oculares documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses", sostuvo.

Justamente hoy se confirmó que el joven Gustavo Gatica (21 años), estudiante de Sicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, perdió la visión en ambos ojos, luego de ser herido por perdigones disparados por carabineros el 8 de noviembre, en las cercanías de Plaza Italia.

HRW puso énfasis también en las vejaciones sexuales cometidas contra los detenidos, precisando que "carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica desnudamiento se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones".

También constató que los carabineros parecen más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres.

El informe calificó “particularmente alarmante” el uso a mansalva de perdigones. "La escopeta antidisturbios causó más de 220 lesiones oculares documentadas. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses", sostuvo.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, cuestionó el informe de HRW, porque a diferencia de Amnistía Internacional, no responsabilizó al gobierno por las transgresiones, algo que desde el Palacio de La Moneda se encargaron de destacar.

Libera de toda responsabilidad a quienes son los responsables, que han permitido en su condición de autoridad esta verdadera política de violaciones a los derechos humanos. Por eso se valora (desde el gobierno), porque al final de cuentas hay un corte entre las autoridades y los autores materiales”, dijo.

HRW encapsula la responsabilidad en los autores materiales, esa es sin lugar a dudas una explicación obvia de por qué hay una valoración de este informe, explicó en declaraciones a la Radio Universidad de Chile, calificando a la organización como “regalona de los gobiernos de derecha de Latinoamérica”.


 

 

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