PSOE y Podemos logran preacuerdo para formar gobierno en España

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Madrid. Por sorpresa y algo más de un día después del cierre de los colegios electorales en los comicios generales del pasado domingo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) anunciaron un preacuerdo de gobierno que abre la vía al primer gobierno de concentración de fuerzas de izquierda desde la II República española (1934). El presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de UP, Pablo Iglesias, rubricaron el pacto con un abrazo, a la espera de que sumen a su casa a otras fuerzas parlamentarias para alcanzar la mayoría suficiente para sacar adelante la investidura y los presupuestos. 

Después de las elecciones del 28 de abril, Sánchez e Iglesias estuvieron cinco meses negociando de forma infructuosa, con la vista puesta en un gobierno de coalición que naufragó y precipitó la convocatoria electoral del pasado domingo. Y, ahora, sólo unas horas después de los comicios y ante un escenario aún más complejo para la formación de un nuevo gobierno se anunció un pacto que aspira a desbloquear la situación de parálisis que vive el país desde hace más de cuatro años, de forma aún más severa en los últimos 19 meses. 

El pacto lo sellaron ambos líderes en el Congreso de los Diputados y pone fin a una agria disputa entre ambos por acaparar el voto de la izquierda. El PSOE, con 120 diputados, será la referencia en el gobierno, mientras que UP, con sólo 35 escaños, intentará conseguir el mayor número de ministerios y al menos una vicepresidencia para su máximo líder. Al margen de los sillones, que todavía no se han definido, el preacuerdo firmado hoy establece hasta diez puntos generales que deberían convertirse en la prioridad del futuro gobierno. 

Para sacar adelante el proyecto tendrán que buscar apoyos entre las formaciones de izquierda minoritarias, como Más País (con tres diputados) o Bloque Nacionalista Galego (BNG), pero seguramente también deberán sumar a su causa a los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (13), EH-Bildu (cinco) y al gobernante Partido Nacionalista Vasco (siete)

El primer punto al que se comprometen ambos partidos es a la consolidación del crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad, combatiendo la precariedad del mercado laboral, precisamente en un contexto y momento en el que todos los organismos internacionales e indicadores advierten de una inminente crisis. De hecho el último dato del desempleo fue el peor registrado en el mes de octubre de los últimos 12 años. 

El segundo punto del acuerdo es la lucha contra la corrupción y trabajar a favor de la regeneración democrática. Uno de los principales problemas del sistema político español es precisamente los gravísimos casos de corrupción que se han desvelado en los últimos años y que afectan sobre todo a los dos grandes partidos nacionales, el derechista Partido Popular (PP) y el PSOE, pero también a otras formaciones con poder territorial, como al nacionalismo conservador que gobierno en Cataluña desde hace décadas. 

Uno de las prioridades del futuro gobierno será la lucha contra el cambio climático, que es además esencial en los programas de gobierno de ambas formaciones y en lo que tienen sintonía. Además se comprometen a apoyar con medidas puntuales a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. 

Entre los compromisos que establece el acuerdo también destacan impulsar iniciativas que garanticen derechos fundamentales, como el derecho a una muerte digna, la salvaguarda de la diversidad y consolidar a España como un “país de memoria y dignidad”. También ponen el foco en la cultura y en convertir a este sector en un espacio protegido a la precariedad. 

También, como era previsible, habrá medidas concretas para desarrollar políticas feministas activas y para luchar contra la violencia machista y la desigualdad. En esto hay pleno sintonía entre ambos partidos. Al igual que en el impulso de medidas concretas para luchar contra la despoblación de la llamada “España vaciada”, esas regiones, la mayoría rurales, que se están quedando sin habitantes y se están convirtiendo cada vez más en sitios desérticos y abandonados. 

El noveno punto del acuerdo es quizá uno de los más complejos, ya que hace alusión al conflicto abierto en Cataluña, y en el que ambos partidos advierten que el futuro gobierno lo tendrá como una “prioridad” garantizar la “normalización de la vida política” y “fomentar el diálogo”. Ambos partidos tienen un diagnóstico y una visión muy alejadas del conflicto; mientras que el PSOE defiende el cabal funcionamiento de los tribunales de justicia, en UP se habla de presos políticos, de tribunales arbitrarios y de aprobar medidas de excepción para indultar o amnistiar a los políticos catalanes que están cumpliendo condena por su participación en la declaración unilateral de independencia fallida de octubre del 2017. 

El último punto del acuerdo es promover una justicia fiscal y un equilibrio presupuestario, que será crucial para combatir precisamente la inminente crisis económica que se cierne sobre la zona euro y sobre España. 

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