Líderes catalanes insisten en su inocencia

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Madrid. Después de 50 sesiones de que se escuchara el testimono y la declaración de más de 500 personas -entre imputados, testigos y peritos- y de analizar todo tipo de documentos, videos y fotografías, el histórico juicio contra los 12 líderes independentistas catalanes quedó hoy visto para sentencia.

En la última jornada se escuchó de nuevo la voz de los imputados, que además de insistir en su inocencia, en el cariz “democrático y pacífico” de su movimiento y de sus reivindicaciones, también hicieron una apelación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español para que puedan “volver a la política” y encausar así el conflicto por las vías del diálogo y el entendimiento.

En la última sesión del juicio contra 12 de los 23 líderes independentistas que diseñaron e impulsaron la declaración unilateral fallida del 27 de octubre de 2017 y el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de ese mismo sirvió para escuchar tanto los alegatos finales de las defensas como la “última palabra” de los acusados antes de que los siete magistrados que integran la Sala se retiren a deliberar.

Los plazos para la redacción de la sentencia se estima que se cumplirán en el próximo otoño, en septiembre u octubre, con la intención de que sea antes de que se cumplan los dos años de la prisión provisional, que se cumplirán el próximo 2 de noviembre. La legislación española establece como periodo máximo para un régimen de prisión cautelar precisamente los dos años.

Los imputados son algunos de los dirigentes separatistas catalanes, no todos, una vez que tanto el ex presidente catalán Carles Puigdemont como nueve más de sus ex consejeros decidieron refugiarse en otros países europeos ante el temor a ser sometidos por la justicia española a un juicio “político” y “sin garantías”. Entre los que sí se presentaron en los juzgados de la Audiencia Nacional el 2 de noviembre de 2017 -sólo una semana después de la declaración unilateral fallida- fueron el ex vicepresidente y máximo dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, así como la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell, los ex consejeros Jordi Turull, Joaquin Forn, Raúl Römeva, Josep Rull, Dolors Basa, Santi Vila, Carles Mundo, Meritxell Borras y los ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Todos ellos están acusados tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Abogacía del Estado y la acusación popular -integrado por el partido de extrema derecha Vox- de los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos, sedición y desobediencia. Al que más delitos se le imputan es al ex vicepresidente Junqueras, a quien le podrían llegar a condenar a hasta 25 años de cárcel.

En el alegado final de las defensas, los abogados de los imputados reconocieron que en todo caso sus defendidos habrían incurrido en un delito de “desobediencia” -que no contempla penas de prisión-, al reconocer que sus defendidos no acataron de forma sistemática y reiterada los autos y prohibiciones del Tribunal Constitucional español para no realizar ni el referendo de autodeterminación ni la aprobación de las leyes de lo que se suponía iba a ser la nueva República catalana ni, por supuesto, la aprobación de la declaración unilateral de independencia, que se celebró en el Parlamento catalán, aunque no fue votada y se hizo con el hemiciclo semivacío.

La Fiscalía y la acusación popular concluyó, al final del juicio, que lo que se había perpetrado en Cataluña esos días había sido un “golpe de Estado” con el “uso de la violencia”. Mientras que la abogacía del Estado sólo encontró indicios de un delito de “sedición”.

En todo caso serán los jueces de la Sala, presidida por el prestigioso magistrado Carlos Marchena, quienes tendrán que deliberar y dar a conocer sus conclusiones en unos meses.

En su derecho a la “última palabra”, Junqueras insistió en que “lo mejor para todos sería volver a la política, la buena política, de donde nunca debió de haber salido. La voluntad de diálogo, con respeto a los derechos humanos, jamás debería ser un delito”.

Römeva, que fungía como consejero de Asuntos Exteriores y que en el pasado fue eurodiputado por el Partido Verde, apuntó que “un referendo, incluso siendo ilegal y con el Código Penal en la mano, jamás puede ser considerado un delito”. Y añadió que “hoy en este banquillo no estamos sentadas 12 personas, estamos sentadas más de dos millones”, que fueron los que acudieron a votar el día de la consulta popular.

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