Justicia argentina procesará a Cristina Fernández por corrupción

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Buenos Aires. Mediante otro fallo escandaloso, la Cámara Federal integrada por jueces que responden al gobierno derechista del presidente argentino, Mauricio Macri confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de las fotocopias de los cuadernos -escritos por el chofer de un ex funcionario que el mismo autor quemó- acusando a la ex mandataria de encabezar una asociación ilícita y ordenó la libertad de la mayoría de los empresarios que estaban detenidos ilegalmente, como todo lo que sucede en este juicio.

Los legisladores peronistas incluso los más derechistas enfrentados a la ex mandataria advirtieron que no votarán por retirar el fuero a Fernández de Kirchner actualmente senadora.

La ex mandataria denunció en su cuenta de Twitter que hace una semana el pro oficialista periódico Clarín publicó que fuentes oficiales comunicaron a los hombres de negocios que iba a darse un fallo satisfactorio para los empresarios y confirmar el procesamiento de Fernández de Kirchner. Esto demuestra la injerencia del gobierno, sostuvo la ex presidenta preguntándose si el gobierno redacta las resoluciones y la Cámara Federal las comunica.

“Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo (cuando no se puede oculta) el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta”, tuiteó la ex mandataria.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) repudió el fallo. Los legisladores advirtieron en un comunicado que el fallo "constituye un paso más en la persecución política, judicial y mediática que sufren los dirigentes de nuestro espacio desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación".

El portal El Destape analiza que como ese medio lo había adelantado “finalmente los empresarios se vieron beneficiados en la Justicia por los jueces de esta instancia: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi” señalando que este último magistrado “era integrante del Tribunal Oral Federal que mandó preso al ex vicepresidente Amado Boudou en el juicio por la empresa Ciccone” y que tras ese fallo fue premiado por el gobierno con un ascenso.

También el fallo confirmó el procesamiento de Julio de Vido, el ex ministro de Planificación y del Subsecretario de esa cartera Roberto Baratta como líderes de una asociación ilícita, incluyendo en la lista al ex secretario José López, al financista Ernesto Clarens y el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, quienes hasta ahora estaban como "miembros de la banda" .

Se dejó fuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados también, entre ellos el primo del presidente Macri y socio, Angelo Calcaterra, y a otros conocidos empresarios.

Las irregularidades de esta causa han sido analizadas por reconocidos juristas como antijurídicas, partiendo de unas fotocopias, y armando un relato, donde ni siquiera existen las pruebas ni se hace mención al expediente. Lo escrito con un esquema de informes de inteligencia por el ex chofer Oscar Centeno, quien confirmó que quemó los cuadernos, fue utilizado para armar una causa, donde finalmente se pudiera acusar a la ex presidenta, contando con la famosa “ley del arrepentido” mediante la cual el juez Claudio Bonadío citó a empresarios y otros personajes a los que les ofreció la libertad si declaraban contra la ex mandataria y sus funcionarios.

Las acusaciones basadas en las fotocopias, que pudieron incluso -como se sospecha- ser escritas por los servicios de inteligencia, se referían a “la banda” como si se tratara de una banda de ladrones. En un apartado, los jueces también resolvieron rechazar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, formulada por varios ex funcionarios presos.

"Me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo respecto de la ex presidenta de fuga? ¿A dónde va a ir la ex presidenta? ¿Al África meridional? ", dijo el senador peronista más macrista de esa cámara Miguel Ángel Pichetto.

Si algo faltaba en las incoherencias judiciales de estos tiempos la fiscal subrogante de Esquel, Silvina Ávila, elevó hoy un pedido de indagatoria a 12 miembros de la comunidad mapuche de Resistencia en Cushamen, donde murió Santiago Maldonado, imputándolos como miembros de una asociación ilícita que incurrieron en los delitos de falso testimonio y obstrucción de la investigación por la muerte del joven.

Todo esto sucede cuando la economía estalla en el país, el riesgo país subió hoy hasta 804 puntos,mientras la recesión se profundiza con el paso de las horas y la protesta social está en las calles en este día donde se recordaron a los asesinados en diciembre de 2001 cuando se produjo el llamado argentinazo, una protesta que había comenzado como la que se extiende ahora por todo el país.

 

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