Denuncia la CIDH abusos contra periodistas en Argentina

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Buenos Aires. La credibilidad de la prensa en Argentina está afectada por la “polarización política”, se manipula la pauta oficial y ha habido cancelación de programas en los medios públicos y además hay referencias a “ataques e intimidaciones” a periodistas de acuerdo a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual conocido este viernes.

Después de señalamientos de organismos internacionales sobre espionaje y acciones graves contra la prensa, como el despido de casi 3 mil periodistas, por razones políticas, persecución en los medios públicos, como se ha denunciado en el país y más recientemente por un grupo de diputados opositores que señalan los intentos de vaciar la TV, radios y la agencia estatales, la relatoría de la CIDH advierte sobre “eventuales presiones políticas”.

En este caso se han utilizado, tanto para despedir reconocidos periodistas, como para cerrar los programas críticos, sobre lo que existe información y pruebas.

Además, agrega que se “recibió información sobre ataques e intimidaciones contra periodistas, tanto en el marco de investigaciones sobre crimen organizado y corrupción, como en situaciones de protesta social o movilizaciones políticas”; y denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de protestas, en el caso argentino.

Esto está referido a la represión brutal contra la prensa, como sucedió en diciembre pasado cuando estaban cubriendo el accionar de las fuerzas de seguridad contra miles de manifestantes, cuando camarógrafos y fotógrafos terminaron heridos por balas de goma, y también detenidos y golpeados por hacer su trabajo.

Asimismo, la Relatoría señaló que la reducción del apoyo estatal a través de la asignación de la publicidad oficial a varios medios de comunicación y la cancelación de algunos programas en los medios públicos motivó acusaciones de la oposición sobre eventuales presiones políticas detrás de estas medidas, y señala que el clima de polarización política que persiste en el país “afecta al ejercicio del periodismo en Argentina”.

También reiteró la doctrina de la Corte Interamericana en el sentido de que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas para que “no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad”, y sostiene que “en una sociedad democrática los cargos públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia a las críticas”, entre otras consideraciones, de acuerdo al resumen de la agencia Telam.

En los últimos días se registraron denuncias precisamente sobre medidas tomadas por la Agencia Télam contra la periodistas mujeres por su participación en la marcha del las mujeres el 8 de marzo pasado. Los sindicatos de prensa denuncian la desaparición de programas de los medios públicos, intimidaciones, despidos masivos sin causa, advirtiendo que “estamos ante una forma de vaciamiento, con lo que significa esto en cuanto al derecho de los pueblos a ser informados, a la educación, a los programas culturales, a mantener la identidad”.

A este grave deterioro, se une la el tema de la impunidad que significa que los medios privados aliados al gobierno actual- la mayoría- que informan y “desinforman tendenciosamente” son favorecidos económicamente. En este caso se ha presentado una denuncia sobre la decisión del gobierno de Mauricio Macri de permitir la fusión de Cablevisión del Grupo Clarín con la telefónica Telecom lo que significará, dar un enorme poder a un grupo monopólico mediático, que ya es el mayor en el país.

Además de la compleja situación en el caso de los medios, en los últimos tiempos se advierte que una cantidad de jueces y fiscales han decidido ajustarse a derecho ante las cada vez más abiertas y públicas presiones e injerencia del gobierno en la justicia.

En las últimas horas la fiscal Gabriela Baigún del tribunal Federal 8 se pronunció a favor de la liberación de Carlos Zanini ex funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora senadora, y del dirigente social Luis D'Elía, al considerar que no están en condiciones de entorpecer la investigación y tampoco existe el riesgo de fuga... Ambos como otros detenidos políticos habían sido encarcelados por el tema del memorando firmado entre Argentina e Irán a fines de 2013, que fue aprobado pro el Congreso, pero que además ni siquiera se puso en práctica. Por lo cual no existía delito alguno.

Pero la fiscal fue más lejos y comparó la situación de los detenidos con la del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) y otros acusados por haber encubierto la investigación del atentado(en 1994) contra Asociación Mutual-Israelita Argentina (AMIA), que están en libertad. 

Por otra parte en estos momentos el ex titular de la Unidad del caso AMIA del Ministerio de Justicia , que había conformado el gobierno anterior, Mario Cimadevilla, acusó al titular de esa cartera, Germán Garavano, y a otros por encubrimiento en el juicio por el desvío intencional de la investigación sobre el atentado.

Cimadevilla es un dirigente de la Unióin Cívica Radical (UCR) partido integrante de la gobernante Alianza Cambiemos y sostiene que el ministro Garvano y su colaboradores más cercanos “pueden haber cometido delitos de acción pública al inducir a la Unidad AMIA a no pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio en el que también se juzga al ex presidente Menem y al ex juez Juan José Galeano, entre otros por el encubrimiento del atentado.

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