Mujeres de Guerrero piden debate sobre despenalización del aborto

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Chilpancingo. Mujeres indígenas protestaron esta tarde en la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta de Guerrero, en rechazo a la iniciativa del aborto que impulsa el Congreso del Estado, que violenta a la salud reproductiva de las mujeres. 

Durante el mitin de protesta que se llevo a cabo afuera del ayuntamiento de Tlapa, en donde demandaron a los diputados del Congreso local, que convoque a un parlamento abierto para discutir el tema de la despenalización del aborto. 

En la protesta las mujeres portaban pancartas, y estaban vestidas de morado y telas verdes, y anunciaron que emprenderán una campaña en redes sociales,  para visibilizar la violencia que las niñas y mujeres viven en la región de la Montaña. 

En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, mediante un comunicado de prensa manifestó que “ las organizaciones que trabajamos con víctimas de violencia sexual en la Montaña reprobamos el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero para reformar el artículo 159, sumando más obstáculos al aborto por violación”. 

En ese sentido consideraron que “esta reforma es regresiva y violenta la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes. Hace unos días, presentamos en redes sociales una campaña para visibilizar la violencia que las niñas sobre todo viven en esta región y en el estado de Guerrero”. 

Se pretende que las autoridades se sensibilicen y sepan que a quien afectan con sus decisiones morales y religiosas “es a las víctimas que ya han sufrido una violación y encima les quieren poner más candados para que no accedan a un derecho ganado hace muchos años y que hoy el Congreso del Estado pretende desparecer”.  

Aseguraron que el gobernador Héctor Astudillo Flores “ está buscando a las niñas cuyos testimonios presentamos; somos muchas las víctimas a quien el sistema de justicia no cree, a quien rechazan en las instancias de gobierno cuando solicitamos ayuda, y que muchas aún se quedan calladas por el miedo a que la violencia sea peor”. 

Le queremos decir al gobernador y a los diputados, insistieron, “ que tan solo en este año Guerrero ocupa el primer  lugar a nivel nacional de embarazo infantil con más de 3 mil menores de edad que han parido un hijo, y que eso según el instituto nacional de las mujeres es producto de la violencia sexual”. 

También Guerrero ocupa el primer lugar en matrimonio infantil “ según datos publicados por ONU mujeres, y que desde 2017 tenemos una alerta por violencia feminicida por los altos números de asesinatos cometidos contra mujeres la que según datos de CONAVIM solo se ha cumplido con el 32% de su aplicación”. 

Frente a la violencia sexual que priva en Guerrero “ es necesario que las reformas y legislaciones que se impulsen desde el Congreso del Estado, evidencien el compromiso con las mujeres guerrerenses y las modificaciones sean progresivas no regresivas”. 

Dicha reforma es regresiva, recalcó Tlachinollan, “ porque condiciona la causal de interrupción por violación a las 8 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas: que es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por temor, porque se encuentran en lugares lejanos, porque no cuentan con los recursos necesarios, por vivir en contextos de pobreza, por ser menores de edad, etc”.  

Condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que “una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada. Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades”.  

Y además condiciona a que “las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores sino a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que la mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares”.  

Esta regulación restringiría el acceso a servicios especializados de salud para las mujeres guerrerense, pues limitaría el acceso a la ILE, contraviniendo lo establecido en la Ley General de Víctimas, la cual no obliga a las mujeres agredidas a acudir ante el Ministerio Público para acceder a los servicios de salud, contraviniendo también la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual no señala este requisito para el acceso al servicio especializado de salud”. 

En ese sentido se demandó al pleno del Congreso del Estado “emitir un voto en contra de esta reforma y ponerse del lado de los derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia; que convoquen a un Parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, las agencias de Naciones Unidas, Médicas y organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos humanos; que garanticen los derechos de las mujeres y su actuar se aleje de creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores, que impiden la garantía de los derechos de más del 50% de la población en la entidad”. 

Finalmente exigen al gobernador Héctor Astudillo Flores “atender la petición de una reunión urgente con las organizaciones peticionarias de la alerta por agravio comparado y diversas organizaciones de mujeres, feministas y activistas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres; atender su compromiso de cumplir con las medidas de las alertas declaradas para Guerrero, la de violencia feminicida y la de agravio comparado; que haga un llamado al congreso del estado a legislar bajo el principio de que los derechos humanos deben ser progresivos y no en retroceso tal como lo plantea la comisión de justicia”, entre otros puntos.  

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