Sector rural de NL, en primeros lugares de pobreza en el país

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Monterrey, NL. Los habitantes de la zona rural de los municipios de Linares y Montemorelos se encuentran entre los más pobres del país y viven en una situación comparable o peor a la de muchos campesinos de las zonas rurales de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Son poseedores aún de sus áridas tierras -por la prolongada sequía-, y la poca agua que todavía corre por el río Potosí, que cruza serpenteante por el lugar. Y aunque se resisten, esos dos recursos: tierra y agua, pareciera que están destinados a perderlos.

Por dos poderosas razones: el negocio para varias empresas financieras y constructoras que erigirán la presa Libertad, así como la prioridad política de abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey.

Mientras tanto, los habitantes del sector rural de Nuevo León, viven al igual que sus pares del sureste de México, en maltrechas casas de madera, barro y viejas láminas galvanizadas. Sin servicios públicos: luz, agua potable, ni drenaje. Tienen letrinas en lugar de sanitarios. Y las cercas de sus casas, levantadas con palos de madera de encino, cumplieron ya el medio siglo, sin ser reemplazados.

Niños y adultos por igual, están llenos de ronchitas rojas en sus cabezas, panzas y espaldas, por los piquetes que desde hace tres años sufren cotidianamente, porque sus casas y corrales están infestados de chinches, pulgas y piojos.

Asimismo, el poco ganado que tienen, principalmente chivas y vacas, están en los huesos, muriendo de hambre y de enfermedades, literalmente. Olvidados totalmente por los programas estatales de Salud, Ganadería y Agricultura.

Actualmente existe un germen patógeno, desconocido, que está acabando con el ganado caprino. Las chivas caen muertas en los corrales y fuera de estos y nadie se atreve a quitarlas de ahí. Otros animales como perros y coyotes se acercan a comerlos. Incluso las gallinas se alimentan de los gusanos que invaden la carne pestilente.

Todo esto ocurre en la comunidad de Pito Real, una de las tres que quedarían inundadas por las aguas de la presa Libertad -unos 125 kilómetros al sur de la ciudad de Monterrey-, la pobreza abraza a la miseria. Quienes viven aquí, son la cara oculta de Nuevo León. Un grupo social que el gobierno del estado, el sector empresarial y la mayoría de los medios de comunicación locales, no ven, ni oyen, al más puro estilo salinista.

 

En abril del año 2016, cuando se estrenó como gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, presentó su Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, donde reconocía que en la zona sur de la entidad (donde se construirá la presa Libertad), se concentra el mayor porcentaje de personas con ingresos por debajo de las líneas de bienestar, 47 por ciento, y de pobreza alimentaria con el 16 por ciento.

Cuando militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante casi 30 años, El Bronco fue incluso dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Pero eso de nada ha servido a los pobres del sector rural neolonés. Porque muchos habitantes de esta tierra, orgullo industrial del norte de México, siguen sin ver realizados los conceptos que el gobernador prometió para los desposeídos: “Economía incluyente”, “Desarrollo humano y social”, y “Desarrollo sustentable”.

A cinco pesos el metro cuadrado

Hace seis meses, el 15 de octubre de 2019, José Octavio Salinas Ramírez, director de ingeniería de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), aseguró que un 75 por ciento de los propietarios de terrenos donde se construirá la presa Libertad, ya habían dado su aval para realizar un avalúo de sus terrenos y para ser reubicados.

El funcionario indicó que con la presa se verían afectadas 360 hectáreas pertenecientes a 46 parcelas de 123 propietarios. Para pagar la indemnización y reubicar a los afectados, SADM autorizó 60 millones de pesos.

Además el gobierno informó que los campesinos y sus familias serán reubicados a un nuevo asentamiento humano, que se llamará “Colonia Libertad”, con 114 predios. Ese es el plan de El Bronco.

 

Pero muchos habitantes de la zona que será inundada, no están de acuerdo con eso, porque de entrada, no han visto formalizada ninguna promesa de indemnización por sus tierras.

Sí en cambio, observan desde hace dos meses a los obreros y maquinaria pesada del contratista Pavimentación Caminosa y Compactaciones S.A. (PACCSA), en los trabajos iniciales de pavimentación de caminos de acceso, desde la carretera de Linares al sitio donde se construirá la cortina de la presa.

En la comunidad de Pito Real, Homero Coronado Mendoza, de 73 años de edad, denunció que funcionarios gubernamentales, en la comunidad de El Alto (otro asentamiento afectado) “compraron a 5 pesos el metro cuadrado. Está cabrón, porque lo pagan, y luego ¿qué voy a hacer con mis cosas? Yo no tengo mueble (vehículo), para sacarlas, mis láminas, mis animales”.

Otra vecina del lugar, que será afectada, es Guadalupe Cías Pérez, quien vive en una de humildes viviendas, con su esposo, dos hijos y dos nietos. Y narra: “cuando vino el gobierno a la planta de bombeo (aguas debajo de donde se ubicará la cortina de la presa), pues si nos hizo muchas promesas, de que nos iba a reubicar y que iba a haber escuela en la colonia y que iba a haber un centro de salud. Pero ahora que vinieron (recientemente), dijeron que ellos no sabían nada de reubicación”.

De cualquier forma, muchos ejidatarios, creen que la presa será un proyecto fallido del gobierno estatal. Por un parte, porque recordaron los inconformes, existe una amparo provisional contra la obra (número 1270/2019-VI), que El Bronco violó, el pasado 13 de enero de 2020, al dar el banderazo de “salida” a la maquinaria pesada que pavimentará las terracerías de acceso a los terrenos de la presa. Violación por la cual, los ejidatarios interpusieron una querella ante la Fiscalía General de la República.

Pero no habría sido un quebranto casual al estado de derecho. Ramiro Barrera Hernández y los ejidatarios que lo acompañan en el movimiento de resistencia contra la presa Libertad aseguran que contiguos al pretendido embalse, hay dos ranchos, propiedad uno del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, y el otro sería de El Bronco. Los campesinos incluso señalan en el lugar, cuáles son esas dos propiedades.

“Ésta cerca con tubos de PTR color anaranjado y malla de acero, es el límite del rancho de Medina; aquella de aquel lado (opuesto al poniente del terreno donde estará la presa), es el rancho de El Bronco, pero está a nombre de un primo suyo que vive en San Pedro”.

Ambos políticos, presuntamente, serán los principales beneficiarios del proyecto “ecoturístico” financiado con recursos públicos. Y aún si no se realiza, porque el año próximo concluye el gobierno de Rodríguez Calderón, al menos ya se están pavimentando los caminos de acceso a sus propiedades.

 

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