Miguel Barbosa rinde protesta como gobernador de Puebla

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Puebla, Pue. Al asumir el cargo como gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que el monto de deuda heredado por administraciones anteriores es de 44 mil millones de pesos, por lo que se realizarán auditorías para determinar responsabilidades no solo sobre esos pasivos sino por los sobrecostos en obras públicas.

Tras rendir protesta en el Congreso local y luego en un mensaje que brindó en el Auditorio Metropolitano de la capital poblano, el mandatario izquierdista se comprometió a otorgar justicia a los presos políticos dándoles su libertad, regresarles a las juntas auxiliares su nivel administrativo, así como revisar la existencia de los organismos públicos descentralizados, robustecer el sistema de seguridad con la adquisición de mil nuevas patrullas, hacer un plan de desarrollo estratégico que conciba 22 regiones y la zona conurbada de Puebla, a la par de trabajar por los pobres.

La asunción de Barbosa Huerta congregó a representantes de la clase política emanada principalmente de la Cuarta Transformación, como la dirigente del Partido Movimiento de

Regeneración Nacional (Morena) Yeidckol Polevsky, y sus homólogo de los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Anaya y Carlos Puente.

Asimismo, estuvieron presentes funcionarios del gobierno de la República como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente, Andrés Manuel López Obrador; el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero; los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, la directora del DIF, María del Rocío García Pérez También estuviero presentes los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; de Veracruz, Cuitláhuac García; Marco Antonio Mena de Tlaxcala, y Rutilio Escandón de Chiapas.

Por la mañana en el Congreso estatal, el político de Morena que encabezó en Puebla las dos últimas elecciones ofreció un largo mensaje ante los legisladores poblanos. Ahí, reveló que la deuda pública heredada por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas (Puebla, 1968-2018)​​​) asciende a 44 mil millones de pesos, siendo este un renglón “que Puebla necesita saber, pues lo reclama”.

Señaló que en su gobierno habrá muchas acciones y que una de ellas será en torno a lo “que se heredó y se construyó”, pues es claro que en los gobiernos anteriores “se puso en marcha una estrategia política, legislativa, financiera y contable para llevar a cabo grandes inversiones, ocultarlas como deuda, ponerlas como obligaciones y dar beneficios particulares”.

En su mensaje agregó que esa deuda heredada es visible en infraestructura como el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional Barroco o la serie de hospitales construidos en

los municipios, por lo que, para investigarlas, se van a “integrar equipos especializados para tomar decisiones correctas”. En ese sentido, adelantó que “no va a opinar hasta que tenga el respaldo y los resultados de consultorías para todos los fideicomisos públicos y privados”.

“Señores y señoras diputados, la deuda asciende a 44 mil millones de pesos y Puebla necesita saber la verdad, lo reclama. Por eso he instruido a la Contraloría a que lleve a cabo auditorías a los gobiernos anteriores”, afirmó el gobernador. Acotó que Puebla y sus ciudadanos “van a conocer la verdad”, y que existen irregularidades que, espera no existan, se aplicará la ley. “La reconciliación es el sustrato para alcanzar la paz y el bienestar, pero también es la aplicación de la ley no la evasión de ella, por lo que se trata de que Puebla, conozca la verdad”.

De igual forma, Luis Miguel Barbosa señaló que ya ha instruido “a las áreas respectivas a que inicien la formación de expedientes para decretar el respeto de las personas que están detenidas mediante la formalidad de delitos del fuero común pero que tienen causas y razones políticas para que obtengan su libertad”.

Con ello, confirmó que en su gobierno se revisarán los casos para dar libertad a los presos políticos de Puebla, que en los gobiernos morenovallistas rebasaron la cifra de 300 personas que fueron detenidas, perseguidas o encarceladas por motivos políticos.

En otro tema, dijo que habrá transformaciones al “régimen político poblano”, el cual no se refiere a cambio al régimen de Estado, pues “este no se cambia pues es soberano”, ya que dijo que más bien cambiará el que se construyó para que hubiera un régimen político sin pesos ni contrapesos.

El gobernador ya en funciones acotó que propondrá iniciativas diversas que serán resultado de la participación social, de foros, audiencias y estudios, para que pueda haber pesos y contrapesos, y haya una convivencia equilibrada y colaboración entre los poderes públicos.

“Vamos a generar junto con el Poder Judicial, ya hay reuniones, la reforma al sistema de justicia para que sea más cercana, y sea Puebla nuevamente un estado de enorme prestigio en cuanto a su judicatura y al ejercicio del derecho”.

Adelantó que habrá una “extraordinaria relación” con el Poder Judicial y que se acabarán las influencias, las recomendaciones, “los halcones y palomas mensajeras”, de parte del gobernador haciendo sugerencias para resolver ciertos asuntos.

En el caso del Congreso, Barbosa Huerta dijo que tendrá una relación institucional, “la que corresponde” para que los tres poderes desempeñen las funciones que la Constitución local

y las leyes les atribuyen. “Que cada quien haga lo que la ley le encargue”, afirmó acompañado por su esposa María del Rosario Orozco Caballero.

Más tarde, en el Auditorio Metropolitano, Barbosa reiteró su discurso, agregando que tendrá una relación institucional y de colaboración con los 217 ayuntamientos del estado y

que devolverá a las Comunas de cinco municipios ubicados en la zona influencia de la planta armadora de autos Audi, las facultades que le fueron suprimidas durante el gobierno del panista, Rafael Moreno Valle Rosas.

Posteriormente, Barbosa tuvo un encuentro con representantes de los pueblos indígenas, a quienes prometió brindar un apoyo prioritario en su gestión.

 

 

 

 

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