IP y partidos de BC impugnarán ante la SCJN la "ley Bonilla"

Compartir en Facebook Compartir en Whatsapp

Mexicali, BC. Al menos tres partidos políticos recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la "Reforma Bonilla" a pesar que fueron sus legisladores los que decidieron cambiar la Constitución de Baja California a iniciativa de Morena.

Las vías jurídicas para revocar esta reforma son la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, amparo de la justicia federal y petición de referéndum que pueden presentar partidos, legisladores, ciudadanos y hasta gobiernos, según sea el caso, explicaron abogados consultados que confiaron en el resultado "favorable a la sociedad" y contra Morena.

Organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de de la República Mexicana (Coparmex), capítulos Tijuana, Mexicali y Ensenada, anunciaron que interpondrán un juicio de amparo contra esta reforma constitucional, al tiempo que la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) presentará un recurso similar.

El referéndum es uno de los instrumentos de participación social al alcance de los gobiernos para conocer la aceptación social sobre temas de interés estatal basados en los principios de democracia, justicia y legalidad. En este caso se buscaría conocer si el ciudadano votó por el titular del Poder Ejecutivo y por dos o seis años de gobierno.

De manera paralela, organizaciones de la sociedad civil exigen juicio político en contra de los 21 diputados que aprobaron la modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución para aumentar de dos a cinco años el periodo gubernamental de Jaime Bonilla de Morena.

De los 21 sujetos a petición de juicio político son en su mayoría panistas (nueve), cinco priistas, tres morenistas y uno de Transformemos, una petista, otra perredista y un integrante de Movimiento Ciudadano. El problema que enfrentarán los promoventes es que la solicitud se canaliza a través del propio Congreso local, cuya mayoría calificada a partir del 1 de agosto será morenista con sus aliados (Transformemos, PT y PVEM) y hasta que concluya la actual Legislatura, en dos semanas, operará esta "nueva mayoría" integrada por tres morenistas, una petista, uno de Transformemos, cinco priistas amonestados y 11 "independientes".

El PRD, a través de Jaime Martínez Veloz, advirtió que de no actuar en contra del dictamen del Congreso local para la modificación constitucional “sentaría un precedente peligroso para el país”. Mientras que su dirigente Abraham Correa dio a conocer que se quitó la representación parlamentaria de la diputada Rocío Lopez Gorosove que no se puede expulsar por no ser militante.

El dirigente de Acción Nacional José Luis Ovando reiteró que su partido irá a la SCJN para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la "Reforma Bonilla", además que desconocieron a nueve legisladores para quedar su grupo parlamentario integrado por tres diputados. De los nueve "golpistas" con siete se inició el proceso de expulsión por ser militantes y precisó que las dos restantes son ciudadanas.

El PRI también coincide con presentar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma, mientras que existe una confrontación sobre los diputados pues la dirigencia nacional solo promovió un extrañamiento, a diferencia del dirigente en Mexicali, Roberto Martín del Campo, que exigió que expulsaran a los cinco legisladores.

Las representaciones partidistas coincidieron en señalar que a los integrantes de sus bancadas se les advirtió sobre las consecuencias de votar a favor del cambio de la constitución para aumentar años a la administración estatal.

El 25 de julio será la última sesión de la 22 Legislatura donde trascendió que la "nueva mayoría" nombrará al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y aprobará las cuentas públicas del Poder Legislstivo de 2018 y 2019.

 

Últimas noticias