45 años después, hermano de 4 desaparecidos en Michoacán exige justicia

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Morelia, Mich. A 45 años de haber sido detenidos y desaparecidos cuatro de sus hermanos, su padre y su primo, Abdayán Guzmán Cruz insiste en que se abran los registros del Cisen y del Archivo General de la Nación para conocer la verdad y se haga justicia. “No se trató de guerra sucia sino de una política de Estado”, dijo en conferencia de prensa celebrada en la capital michoacana.

Entre 1974 y 1976, militares, judiciales, federales y del estado se los llevaron de la comunidad purépecha de Tarejero, municipio de Zacapu. “Desde entonces ha sido un largo batallar, en vez de atender nuestra demanda, hicieron oídos sordos, y en lugar de respuestas recibimos amenazas”.

Dijo que él supo de la desaparición de unos 20 compañeros que participaron en el movimiento armado, pero no sabía sus nombres solo sus alias. “Necesito ver sus fotos para saber sus nombres reales”. Por algunos compañeros que lograron escapar supo de tres detenidos-desaparecidos en Puruándiro, después de un enfrentamiento con policías; seis detenidos más en Yuridia y Valle de Santiago, Guanajuato, tras el secuestro de un autobús se los llevaron detenidos elementos de la Dirección Federal de Seguridad que encabezaba Miguel Nasar Haro.

Abdayán Guzmán dijo que sus hermanos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano (entre 15 y 19 años de edad) fueron detenidos y desaparecidos, lo mismo que su padre Jesús Guzmán, acusados de formar parte del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR). “Mi papá y Solón nunca participaron en el movimiento, pero ante la imposibilidad de detenernos detuvieron a la familia”.

También detuvieron a Rafael Chávez Rosas, quien vivía en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan y a su primo José Luis Cruz, a quienes nunca se les volvió a ver.

Abdayán señaló que las familias de estos desaparecidos quieren conocer desde el punto de vista jurídico, las violaciones que el Estado mexicano cometió por delitos de lesa humanidad. “Queremos conocer cuáles fueron las estructuras militares y jurídicas que de la mano participaron en la detención, secuestro y tortura. Conocer los nombres de autores intelectuales y materiales que participaron en ese delito. Queremos reivindicar los nombres de estas personas desaparecidas que muchos años se les llamó delincuentes, roba vacas, asesinos, cuando estos compañeros tenían ideales y objetivos claros”.

Seguimos pidiendo a las autoridades que no siga vigente la impunidad, y que los responsables de estos delitos sean castigados. “No queremos el perdón ni el olvido”, dijo el único hermano sobreviviente.

Ante la negativa de los gobiernos federal y estatal acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de seis años, en 2006, cuando admitió nuestro proceso. En 2012 el organismo internacional propuso una solución amistosa, donde el Estado mexicano reconoció la detención, y ofrecieron dinero. “Nosotros dijimos que mientras no hubiera verdad y justicia no podíamos aceptar esas condiciones. Como no las aceptamos, la Comisión tomó nuevamente nuestro caso y ahí seguimos”.

Dijo que la Corte Interamericana se basó en las indagaciones que han hechos los familiares. “El Estado no quiere hacer investigación porque sabe lo que hizo. Ahora que llegó el nuevo régimen y anunció que se van a abrir los archivos del Cisen, en el Archivo General de la Nación, nosotros le tomamos la palabra”.

Dijo que tienen particular interés por el caso de Venustiano, el hermano más chico, Venustiano fue detenido pero no dio su nombre verdadero. Al ser detenido dio el nombre de Oscar González Juárez. “Ellos objetan que no me pueden dar ese expediente de Oscar porque no es mi hermano. Así que no he visto la fotografía ni otros datos que me aseguren que es mi hermano. Sé dónde y cuándo lo detuvieron, pero sobre todo quiero saber quiénes se llevaron a mi hermano al Campo Militar 1, quién lo recibió y qué hicieron con ellos. A dónde se lo llevaron, Hay documentos en el Cisen pero no quieren que los veamos”.

Finalmente por presiones del Consejo Supremo Indígena nos abrieron las puertas, con Atención a Víctimas, donde nos dijeron que nos iban a ayudar, pero que fuera por escrito. “La verdad es que quieren que veamos los archivos. No sé por qué”.

Dijo que autoridades federales lo han seguido presionan. “En 2007 entraron a la casa, dijeron que tenía yo balas. Me dijeron que me retractara. Luego entraron y se llevaron documentos y computadoras. Me quejé pero nunca hicieron caso”.

Abdayá Guzmán pide castigo a quienes participaron en desapariciones. “No nos vamos a callar hasta que no se abran los archivos. Exigimos los archivos del Ejército, que nos permitan verlos y se castigue a mando civiles y militares que participaron en crímenes de lesa humanidad. Los responsables de esos delitos deben responder ante juzgados civiles”.

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