CCE cuestiona doble discurso del gobierno

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Ciudad de México. La iniciativa de ley que promueve el senador Napoleón Gómez Urrutia para regular la subcontratación “abusiva” en el país detonó la crítica de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sobre el gobierno de Morena y el discurso ambivalente desde Presidencia y los círculos del partido, que además del Ejecutivo, tiene mayoría en el Congreso.

"Otra vez oímos un discurso, por un lado del Presidente de la República hablando de cómo tratar de que no se ataque a las personas, que se crea en ellas, que haya un aforo, y por otro lado estamos viendo un discurso que todo es castigable, todo es punible, todo es de alguna manera fórmulas en las cuáles el que quiere desarrollar, el que quiere invertir, el que quiere crear empleos va a tener una lista de todo lo que le puede llevarle a cometer un acto de ilegalidad", enfatizó el líder empresarial en conferencia de prensa.

Urrutia sostiene que la subcontratación es "una fuente de evasión fiscal". En dicho esquema operan 7.5 millones de trabajadores en el país, por lo que se plantea reformar y adicionar la leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.

Salazar Lomelín consideró que la subcontratación "es una figura válida", aunque "ha dado lugar a situaciones que son total y absolutamente irregulares". Tiene que legislarse "mucho mejor", pero evitar el rumbo de "los legisladores de todo llevarlo a la delincuencia", dijo el empresario. Con la iniciativa del senador y líder minero, "no sólo es una figura que se desaparece, sino que pretende convertirla en delincuencia. Me parece que esa no es la manera", añadió.

El presidente del CCE también se pronunció sobre la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) que ha resultado del debate entre legisladores y Ejecutivo. Sostuvo que no está de acuerdo el límite de 30 por ciento la deducción de intereses netos para créditos de personas morales.

"No beneficia en nada la estructura fiscal del país. No se van a obtener mayores ingresos fiscales por poner esa regulación", pronosticó, al tiempo que dijo que se va a afectar a aquellas empresas que necesitan créditos para operar. Todo ello en un contexto de inversión deprimida.

"Es una preocupación que nos parece que no fue escuchada y seguimos insistiendo en que eso no beneficia para nada las finanzas públicas", y aunque se amplió el plazo para deducir, en vez de tres años serán 10 años, "no es suficiente" ni corresponde con las necesidades de inversión del país.

En ese tenor continuó y su crítica se trasladó al paquete de inversión pública en infraestructura "muy bajo, es muy pobre", donde se prevén recursos por 20 mil millones de dólares en 2020, que es de 2 por ciento del producto interno bruto, cuando el país requiere al menos 5 por ciento, abundó.

No obstante dijo que se fortalece un Programa Nacional de Infraestructura apoyado en inversión privada y que se sumará al anunciado la semana pasada por más de 8 mil millones de pesos de concursos que estaba previstos para 2020. Un paquete más de obras se anunciará mañana 1 de octubre, adelantó.

En ese entorno, concedió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes "ha estado trabajando activamente, yo diría muy bien", para abrir todos los proyectos que se pueden implementar rápidamente.

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