Concanaco exige inhabilitar a funcionarios relacionados con factureros

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Ciudad de México. El paquete de reformas fiscales propuestas por el gobierno federal debe hacer distinciones entre quienes venden facturas falsas y los que las compran o son sorprendidos por los primeros, aseveró Octavio de la Torre de Stéffano, quien es vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servidios y Turismo (Concanaco – Servytur).

La propuesta, indicó, tampoco establece umbrales sobre los montos económicos a sancionarse por las autoridades fiscales, por lo que la Cámara de Diputados debe minimizar riesgos para evitar que empresas incurran en defraudación fiscal.

El especialista fiscal planteó además que también deben ser sancionados los funcionarios que participan en los actos relacionados con los “factureros” e incurran en excesos o abusos de autoridad. “Deben tener una inhabilitación de por vida por esas conductas y por abonar a la defraudación fiscal con operaciones simuladas”, destacó.

Frente a una indebida apreciación de los hechos que derive en la pérdida de la libertad y patrimonio del empresario, también es indispensable que la autoridad sufra una pena y sanción en la misma proporción o mayor, sentenció De la Torre, quien también es coordinador de Síndicos del Contribuyente ante Autoridades Fiscales de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de Baja California (Fecanaco).

Desorden tributario con 900 reglas de impuestos internos y 500 en comercio exterior

Aseguró que la esencia del paquete económico 2020 es de política tributaria y mencionó que la distorsión del sistema tributario nacional comenzó en los años noventa con la publicación de 30 reglas de resolución miscelánea fiscal.

A la fecha hay más de 900 reglas para impuestos internos y 500 en comercio exterior, “lo que demuestra que en nuestro sistema jurídico fiscal no prevalece el imperio de la ley”, dijo De la Torre.

Ponderó que una forma de combatir la defraudación fiscal es disminuyendo la informalidad. A los negocios sin registro fiscal, los ambulantes y los que son parte de concesiones estatales o municipales, se les permite operar solo con pagar cuotas a personas que “protegen”, lo cual fomenta que dichos negocios no cumplan con sus obligaciones fiscales.

Aclaró que los organismos empresariales están de acuerdo con el combate a las organizaciones dedicadas a la venta, enajenación o que publicitan esquemas de emisión de facturas que avalan operaciones inexistentes y quebrantan las finanzas públicas. Incluso no se oponen a que sean consideradas como organizaciones de la delincuencia organizada.

Sin embargo, insistió en que su aplicación no sebe generalizarse y se deben establecer “acciones de debido control para que el sector productivo minimice los riesgos de caer en defraudación fiscal”.

“En la propuesta solicitamos que en principio se respete la garantía de audiencia y previo a la afectación irreversible que sufre el empresario se le permita aclarar en 10 días hábiles el supuesto por el que se le pretende bloquear el sello digital. De otra manera, la medida colapsaría las empresas que son el motor de México”, enfatizó.

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