Coparmex pide revisar bien reformas fiscales antes de aprobarlas

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Ciudad de México. Las reformas fiscales que se pretenden aprobar en el Senado para tipificar como delitos de delincuencia organizada la defraudación fiscal y la expedición y adquisición de facturas falsas, y el consecuente aumento de penas en prisión, “amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias plenamente”, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al hacer un llamado a los legisladores de todos los partidos a no aprobarlas “fast-track” sino revisarlas con el sector privado y especialistas para establecer candados.

Argumentó que tan sólo por la forma en que las empresas se pueden dar de alta o baja en la plataforma electrónica de Sistema de Administración Tributaria (SAT), las compañías que realizan operaciones legales pueden ser confundidas con las llamadas “empresas fantasmas”, que emiten comprobantes que permiten deducir operaciones simuladas. Con ello, alertó, empresarios honestos corren el riesgo de ser encarcelados, sin juicio ni derecho a fianza e incluso sus bienes podrían ser vendidos de forma automática por la Ley Federal de Extinción de Dominio, que entró en vigor el sábado pasado.

Combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal, aseveró el sindicato patronal, es una política adecuada, pero las reformas tributarias deben ser revisada con especialistas para que “no sean acusados de delitos graves empresas o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales.”

Si bien la Coparmex reconoció la gravedad de la defraudación, elusión y evasión fiscal en México – el SAT calcula que 350 mil millones de pesos se dejan de pagar por facturas falsas, monto que equivale a 8 veces el presupuesto de la UNAM--, sostuvo que no se debe incurrir “en una legislación desorbitantemente punitiva que cree mayor incertidumbre en el país” y paguen justos por pecadores.

“Estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder”, alertó, y lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro generará una inquietud injustificada que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial que se encuentra en sus niveles más bajos desde hace un año.

México, indicó, tiene la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), equivalente al 16.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), casi la tercera parte del 46.2 por ciento o 46 por ciento que recaudan Francia o Dinamarca, respectivamente, pero insistió que las reformas al respecto deben ser objeto de un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo y analistas para que su implementación “no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre” y, sobre todo, no se cometan injusticias contra los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

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