Inicia Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020 en la SE

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Ciudad de México. Con mil 690 propuestas para simplificar 929 trámites, el gobierno federal pretende obtener ahorros por 20 mil 177 millones de pesos, monto que equivale al 12 por ciento del costo general de todos los trámites federales, informó César Emiliano Hernández Ochoa, titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Al arrancar el Programa de Mejora Regulatoria 2019 -2020, calificado como histórico porque por primera vez se llevarán a cabo con la nueva Ley General de Mejora Regulatoria que se aprobó el año pasado, el comisionado y las secretarias de Economía, Graciela Márquez, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, destacaron la importancia de la mejora regulatoria al señalar que 65 por ciento de las empresas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites.

La población mexicana gastó 7 mil 200 millones de pesos en actos de corrupción para realizar trámites y acceder a servicios en 2016, de acuerdo con el Inegi, destacó Eréndira Sandoval. “La sobrerregulación abre espacios a la corrupción y desincentiva la apertura de empresas...Por eso se deben cerrar espacios prácticas indebidas”, puntualizó la secretaria y sostuvo que hay un atraso en la mejora regulatoria ya entre 2017 y 2018 se digitalizaron tan sólo 300 trámites y servicios de un total de 4 mil 720, se disminuyeron plazos en 80, otros 90 se eliminaron por ser innecesarios, en 25 se redujeron requisitos y 11 se fusionaron

“Estas cifras son insostenibles y son una fotografía de la deuda histórica que tenemos con nuestra sociedad”, dijo y abundó que 46.5 de los usuarios han tenido problemas para realizar un trámite o acceder a un servicio y que en este año la tasa de incidencia de corrupción fue de 25 por cada 100 habitantes.

“Si logramos disminuir los trámites también estamos eliminando una de las raíces de la corrupción”, sostuvo Emiliano Hernández y refirió que tan sólo para las empresas los costos de incurrir en actos de corrupción ascendieron a mil 600 millones de pesos en 2016 y el promedio por cada una fue de 12 mil 243 pesos anuales, de acuerdo con el Inegi.

La secretaria Márquez advirtió que uno de cada 5 establecimientos, es decir 20 por ciento del total, “percibe las regulaciones como un obstáculo al desarrollo de su negocio”, cuando su objetivo es alentar la actividad productiva”, e invierten en promedio casi 50 mil pesos al año para cumplir con los trámites. A nivel federal hay 4 mil 726 y 47 mil 671 regulaciones, cuyo costo económico equivale a 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), aseveró.

-“Quitar la grasa y hacer más eficiente al gobierno”: comisionado-

Emiliano Hernández explicó que la “propuesta de saque” de la Conamer, organismo dependiente de la Secretaría de Economía (SE), para simplificar 929 trámites federales, será sometidas a consulta pública en internet y 5 foros regionales para empresas y ciudadanos en general emitan sus opiniones o hagan sus propias propuestas.

La Ley General de Mejora Regulatoria, explicó, obliga a realizar programas para mejorar toda la normatividad y trámites vigentes de la administración pública federal. Sirven, dijo coloquialmente “para deshacernos de la grasa que ya tenemos acumulada y adelgazar y hacer más eficiente la operación del gobierno en beneficio de los ciudadanos...en congruencia con las medidas de austeridad”.

El proceso inicia el primero de julio e involucra a 270 dependencias y órganos desconcentrados del gobierno federal y los beneficios son, dijo, son combatir la corrupción, mejorar la eficiencia gubernamental, disminuir la carga regulatoria a los ciudadanos, fomentar la participación ciudadana así como promover la competitividad y el bienestar.

Precisó que las propuestas de Conamer se dividen en 588 acciones de reducción de plazo, 309 reducciones de requisitos que equivalen a mil 1136 requisitos eliminados, 77 simplificaciones de formato y 716 acciones para mejorar medios digitales. Una vez que concluya la consulta pública y se determine que propuestas se aceptan e implementan serán supervisadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).


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