Derechos que pagan mineras irán directo a SE

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Ciudad de México. A partir del próximo año y si así lo aprueba el Congreso, el pago de derechos que hacen los concesionarios de minas dejarán de ser parte de la recaudación federal participable, referida a todos los recursos que recibe el gobierno federal y que después reparte a estados y municipios, ya que se pretende asignarlos directamente a la Secretaría de Economía (SE), de acuerdo con el Proyecto de Ingresos de la Federación 2019.

Además la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé otorgar un “estímulo fiscal” a las empresas mineras, cuyas disposiciones emitirá posteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que podrá efectuarse contra el pago puntual que hagan del impuesto sobre la renta (ISR).

Dicho estímulo se relaciona con el pago del “derecho especial sobre minería” que las empresas mineras comenzaron a pagar desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y que equivale al 7.5 por ciento de sus ganancias o utilidades (ingresos menos impuestos).

Sin embargo, el proyecto de ley acota que el beneficio fiscal se otorgará únicamente “a los titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera sean menores a 50 millones de pesos”. También agrega que para las personas físicas que trabajan en la industria minera del sector podrán pagar una tasa de sólo 8 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) y no del 16 por ciento que pagan todos, en caso de que opten por tributar mediante el Régimen de Incorporación Fiscal.

El documento establece que la Secretaría de Economía (SE) quedará a cargo del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, creado originalmente desde el sexenio pasado pero bajo el nombre de Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, y que estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Los recursos federales que nutren el citado fondo provienen de los pagos que los concesionarios establecidos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, en los que se establece la referida tasa de 7.5 por ciento por la explotación de las minas, así como la tasa de 0.5 por ciento sobre sus ventas que sólo se fijó para las empresas que tienen minas de oro, plata y platino.

El gobierno actual consideró necesario modificar el diseño y aplicación de dicho fondo y la SE deberá constituir “un vehículo financiero” en la banca de desarrollo para administrar los recursos. También queda obligada a diseñar, asignar e implementar proyectos de desarrollo para las comunidades mineras y aledañas para que la población que vive en las regiones del país donde se llevan a cabo actividades mineras sea partícipe directa de los beneficios generados por dicha industria.

La dependencia tendrá la facultad de promover en zonas mineras la construcción de obras de infraestructura social en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, con la participación de pueblos y comunidades indígenas y de los sectores privados y social.

En el proyecto de ley la Secretaría de Hacienda plantea que el 80 por ciento de la recaudación que se logre con dichos recursos se destinará al mismo fondo, un 10 por ciento al gobierno federal y el otro 10 por ciento restante a la SE.

Tal secretaría será la encargada de asignar los recursos, de manera directa o coordinada con otras dependencias, y realizará funciones de vinculación con los habitantes de las zonas mineras para identificar sus necesidades de inversión física, “para ello habrán de desarrollarse e implementarse mecanismos de organización comunitaria”.

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