Congreso CDMX expide Ley de Inclusión y Bienestar Social

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Ciudad de México. Mediante una iniciativa que expide la Ley de Inclusión y Bienestar Social y deroga la actual Ley de Desarrollo Social, el Congreso capitalino establecerá un nuevo marco normativo orientado a reducir las desigualdades sociales, revertir los procesos de exclusión y segregación y garantizar el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población conforme a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.

La nueva norma establece la creación del Sistema General de Bienestar Social, la elaboración de un Programa Sectorial e incorpora un catálogo de al menos 16 derechos preestablecidos en la Constitución local, como como gozar de una vida digna sin pobreza, acceder al mínimo vital, a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educación obligatoria desde nivel básico a medio superior, a la buena administración pública, al cuidado y sustento, al agua, a vivienda y empleo dignos y a gozar de tiempo libre de calidad.

Define que la política pública está orientada a erradicar la pobreza, entendida como “la incapacidad de un individuo o un hogar para satisfacer de manera digna y suficiente sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, recreación, servicios y tiempo libre” así como la desigualdad social que es “resultado de una distribución inequitativa del ingreso, la propiedad, el gasto público, el acceso a bienes y servicios, el ejercicio de los derechos, la práctica de las libertades y el poder político entre las diferentes clases y grupos sociales”.

En la iniciativa, que expuso ante el pleno la presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Marisela Zúñiga Cerón, de Morena, amplía los principios que orientarán la política pública de 13 en la ley vigente a 23, y establece como grupos prioritarios de atención a menores y adolescentes, población indígena y afrodescencientes, personas con discapacidad, adultas mayores, en situación de calle, migrantes y de la diversidad sexual, así como materias específicas de bienes la atención y prevención de la violencia de género y familiar, adicciones, mantenimiento y mejoramiento del mobiliario y el espacio públicos, entre otros.

Crea el Sistema General de Bienestar como un mecanismo de implementación y seguimiento a la política social y para la articulación y coordinación de los diversos programas y acciones sociales con el Instituto de Planeación y el Consejo de Evaluación y con la concurrencia de los sectores privado y social.


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