Se deben garantizar derechos laborales de víctimas de delitos

Compartir en Facebook Compartir en Whatsapp

Ciudad de México. A  tres meses del asesinato de Cristina Vázquez Chavarría, integrante del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes Colonia Hipódromo, Rafael Guarneros Coordinador del mismo señaló que el riesgo de perder el trabajo o de ver mermados los ingresos económicos de las personas que han sido víctimas de algún delito, es un problema adicional que se convierte en una de las principales causas que provocan el abandono o la falta de seguimiento a las denuncias presentadas  ante el ministerio público.

Guarneros Saldaña, lamentó que la autoridad de primera instancia “como las agencias del ministerio público no brinden a las víctimas, en particular la información sobre el derecho que tienen a no ser afectados en sus derechos laborales a consecuencia de sus comparecencias ante las autoridades investigadoras, de justicia o de derechos humanos”. 

Mencionó que la Ley General de Víctimas contemplaba desde 2013 en su artículo 16 que “Toda comparecencia ante órgano investigador, juez o tribunal, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal de Trabajo”. 

 Este artículo fue derogado en 2017 y su texto fue modificado e incluido en el artículo 7 en su fracción XXXIV que amplió el alcance quedando como “Toda comparecencia ante órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo”, indicó 

Sin embargo, a pesar de haber pasado casi dos años de su publicación, muchas autoridades aún no conocen la reforma y están expidiendo constancias con base en el artículo 16 ya derogado, señaló Guarneros en conferencia de prensa.

Ante ello “muchas autoridades no lo conocen, mucho menos los empleadores, maestros y la mayoría de la población, entre ellos las víctimas de algún delito; situación que favorece que la víctima no dé adecuado seguimiento a sus denuncias y opte por conservar su empleo a perderlo por estar faltando a su trabajo para ir a los ministerios públicos u otras instancias de procuración de justicia o de defensa de los derechos humanos”.

Indicó que si se quiere  acabar con la impunidad, “debemos como sociedad (empleadores y gobierno) garantizar la protección de los derechos laborales de las víctimas”.

En ese sentido a nombre de sus vecinos y de quienes están en situación de víctimas, solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hacer una revisión en la Ley General de Víctimas de los mecanismos de difusión y cumplimiento de las garantías de protección de los derechos laborales de las víctimas; ya que tal parece que la Ley sigue siendo letra muerta incluso en las instituciones de gobierno.


Últimas noticias