Gitanos se quejan de extorsiones en la capital

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Ciudad de México. La presentación de denuncias por secuestro o extorsión ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se ha convertido en una práctica común para exigir a integrantes de la comunidad gitana “grandes cantidades de dinero a cambio de no seguir ratificándolas, y no atentar contra su vida”, denunció Jacobo Luvinof.

Las amenazas provienen de gente de la misma comunidad cuyo modus operandi, explicó, es que un hombre “echa un sobre debajo de la puerta del domicilio de la víctima”, como se ha detectado en las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia.

En la hoja que viene dentro, con letras rojas, se lee: “Van a hacer caso? A la petición o de lo contrario voy a ratificar la denuncia y poner direcciones y fotos quieren hacer un arreglo llámenme” y aparece un número.

La cantidad solicitada para no proseguir con la denuncia, explicó, es de cuatro millones de pesos y de no llamar, “vienen las amenazas a través de whatsaap, donde nos muestran la denuncia fabricada ante las autoridades judiciales y nos advierten que nos van a hundir”.

Dichas imágenes se acompañan de textos donde “nos dicen que nos despidamos de nuestras familias, porque ya no la veremos más”, de no ceder con sus pretensiones; o fotos con gente armada, lo cual ha sido denunciado ante la PGJCDMX sin éxito, reconoció.

Una semana después de que Juan Bozquez, integrante de la comunidad gitana, ofreciera una conferencia afuera de la sala de prensa de la Procuraduría capitalina para denunciar a los hermanos Ortega Vélez y Jacobo Luvinof, por el cobro de derecho de piso, amenazas y extorsión, éste afirmó que “es una mentira y el verdadero delincuente es él”.

Desde 2017, señaló, que ha sido víctima de extorsión por esta persona y los hermanos Miguel Miguel, pero “la policía no ha hecho nada, cuando no sólo operan en la ciudad, sino en Guadalajara, Querétaro y estado de México”.

Rechazó que hayan tenido que “ver con la muerte de su hijo -ocurrida en junio pasado- y menos con supuestas amenazas poniendo precio a su cabeza o la de sus hijos, como denunció. Somos gente de trabajo y proveedores de varias dependencias del gobierno federal, lo cual se puede constatar por medio de nuestros contratos suscritos”.

Hoy, exigimos a las autoridades judiciales investigar las denuncias que hemos presentado en su contra y aclarar esta situación, pues “no se trata sólo de un problema entre gitanos, sino que tiene repercusiones, pues han fabricado esos delitos contra personas ajenas a nuestra comunidad”, aseguró.

 

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