Diputados proponen sanciones económicas a malos servidores públicos

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Ciudad de México. Para incrementar los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México, diputados locales y ex consejeros de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM) que solicitaron su reelección, se pronunciaron por establecer en la Ley de Responsabilidades Administrativas sanciones económicas a los servidores públicos que por sus actos u omisiones violenten derechos y garantías.

María Isabel Belausteguigoitia Rius y Lawrence Salomé Flores Ayvar, académicos ambos de la UNAM que concluyeron en abril pasado el cargo honorifico de consejeros de la CDHCM y buscan ser ratificados para un segundo periodo, comparecieron ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso como parte del proceso para cubrir tres vacantes en dicho cuerpo colegiado.

En sus entrevistas por separado, convinieron en que al ser los servidores públicos los generadores de violaciones a derechos humanos deben aportar mediante sanciones administrativas especificas recursos que permitan financiar dicho fondo.

La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías publicada el pasado mes de febrero establece la obligación de las autoridades capitalinas de implementar políticas públicas, acciones y mecanismos dirigidos a prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos en tanto que el referido fondo se instituyó en la Ley de Víctimas de 2018.


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