38 quejas por violaciones a consultas de pueblos en 8 años: CDH-CDMX

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Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX), Nashieli Ramírez, informó que en los últimos ocho años han recibido 38 quejas por presuntas violaciones al derecho a la consultas de pueblos y comunidades.

Aunque el número de quejas es pequeño, tienen afectaciones directas en tres aspectos principales, respecto de la libre determinación de los pueblos: el proceso legislativo sobre materias que les dañan; decisiones administrativas que resultan en afectaciones colectivas y en el deterioro que provocan en el territorio los desarrollos inmobiliarios.

La funcionaria dijo que otras quejas que se han registrado fueron sobre los procesos de elección de las autoridades tradicionales que, a pesar de que es un ámbito que no se encuentra en la competencia de la CDH-CDMX, vale la pena mencionar por involucrar el derecho a la consulta.

Durante la inauguración del Seminario Internacional de Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Ramírez mencionó que el año pasado se tuvo el mayor número de denuncias de casos, al superar en “seis veces el número que se tenía de quejas”

En septiembre de 2018, la comisión presentó la Recomendación 10/2018 sobre la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada con motivo de la organización administrativa del Panteón Culhuacán, en Iztapalapa.

La finalidad de una consulta es llegar a un acuerdo y consentimiento mediante procesos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, en los casos donde el Estado tenga relación con los intereses y derechos de aquellos grupos involucrados.

En México, sin embargo, “hay mucho que discutir, problematizar y aterrizar aún al respecto para garantizar estándares adecuados en procedimientos de muy diversa naturaleza y alcance jurídico”, afirmó.

Con la entrada en vigor de su Constitución política, la capital del país cuenta con un marco jurídico que establece una diferenciación entre tres procesos de consulta: la ciudadana, la popular y la indígena.

Además de la necesidad de atender las diversas formas de tenencia de la tierra de estos tres sujetos colectivos: propiedad comunal, propiedad ejidal, propiedad privada, en los que este tipo de tenencia es el mayoritario, indicó.

No obstante, se tienen varios retos inmediatos: primero, publicar una legislación específica que establezca con claridad los estándares a seguir en los procesos de consulta indígena de naturaleza legislativa y administrativa en sus diferentes modalidades.

Así como evitar la ambigüedad legal respecto a la necesaria articulación entre autoridades encargadas de la consulta indígena para cada caso en concreto, pues actualmente son varias dependencias e instancias que tienen atribuciones expresas en la materia.

La identificación de las autoridades representativas, incluyendo los pueblos afromexicanos de la ciudad y otras modalidades en términos de sus barrios originarios; promoción, respeto, garantía y protección del derecho a la consulta indígena; y cumplimiento de tales obligaciones para el sistema de planeación y evaluación de la ciudad, son otros retos, indicó.

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